Psicología Hoy

Margarita Becerra Lizana*, Laura Altimir Colao** y Alexandra Solis Briones***

* Psicóloga y Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Estudios Complementarios en Antropología DEC, Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica. Post grado en Terapia Familiar e Intervención Sistémica, Institut Provincial de Formation Sociale, Namur, Bélgica. Directora Programa PRISMA.
** Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad Diego Portales. Magister en Psicología Clínica: Mención Estudios de la Familia y la Pareja, Universidad Diego Portales. Post Título en Terapia Sistémica de Familias y Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). Psicóloga Programa PRISMA.
*** Socióloga, Universidad Alberto Hurtado. Asistente de investigación Programa PRISMA.

Durante los años 2011 y 2012, el área de investigación1 del Programa PRISMA realizó una investigación orientado a describir y analizar la especificidad de las necesidades de atención en salud mental de la población usuaria, desde el punto de vista clínico (el malestar subjetivo expresado y su correlato sintomatológico) y psicosocial (sus elementos de contexto), de manera de identificar potenciales adecuaciones del modelo de atención a las características de las personas migrantes. A continuación, algunos resultados del estudio:

En base a una muestra de 206 pacientes atendidos entre el año 2009 y 2011, se observa que el origen de la población usuaria es muy diverso (ver gráfico de nacionalidades). Sin embargo, nuestros usuarios son principalmente de nacionalidad peruana (52.4%) y colombiana (25.4%).

Se observa además que las personas que consultan a PRISMA son en su mayoría mujeres (73%), con un promedio de edad de 33 años (edad laboral activa), con altos niveles de escolaridad (en un 42,9% educación superior) y que se desempeñan en su mayoría en trabajos informales y precarios. La mayoría de estos datos concuerdan con información censal nacional y registros estadísticos del Departamento de Extranjería y Migración a la fecha.

La alta presencia de mujeres, coincide con el proceso de feminización de las migraciones en América Latina, ampliamente estudiado (Martínez, J., 2003). Datos cualitativos de la investigación revelan que la población consultante femenina manifiesta múltiples motivaciones para migrar, entre las cuales se encuentran la movilidad social, y la búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Con todo, la mujer migrante aparece como sujeto de autonomía y agencia.

Específicamente, respecto a los elementos clínicos, la mayoría de las atenciones en salud mental se concentra entre el primero y el quinto año de residencia en Chile (72,6%), con una concentración en el primer año. Esto puede ser entendido desde la exposición a estresores ambientales y psicosociales en el primer período migratorio, y su consecuente impacto en la salud mental.

El estudio indica también que las personas llegan a consultar por sintomatología ansiosa y depresiva, y con demandas a nivel relacional (familiar, de pareja, comunitario y social). Las expectativas manifestadas por los usuarios, dan cuenta de la necesidad de ayuda relacionada con: alivio sintomático, acogida empática, orientación, comprensión del problema que los aqueja, así como la búsqueda de solución.

En relación a la modalidad de atención de nuestros pacientes, más de la mitad realizó un proceso psicoterapéutico, ya sea individual, familiar o de pareja, según la demanda y la indicación clínica. Se observa, además, una gran cantidad de intervenciones “en crisis” (23.8%), que revelan la cualidad emergente de los problemas que los aquejan, donde el contexto de vulnerabilidad social y la situación de fragilidad emocional de los mismos, puede convertir cualquier evento negativo inesperado en una situación crítica para el paciente.

El análisis cualitativo en torno a la percepción de los usuarios, destaca que el Programa PRISMA es significado como un espacio de acogida especializada. La “disponibilidad”, la “paciencia”, el “buen trato”, la “flexibilidad”, la “actitud no interpretativa”, resultan fundamentales como ejes del encuadre. Se agregan la experiencia y el conocimiento acerca del manejo de elementos culturales, esenciales en el encuentro terapéutico con personas migrantes.

“… Que hablen inglés, es mucho más cómodo para los pacientes extranjeros… y los terapeutas ya tienen experiencias con los pacientes extranjeros, entienden, porque si no tengo que explicarle todo, porque soy extranjera y tengo límite de expresiones…”, señala una de las entrevistadas.

Por último, el trabajo de intervención y acompañamiento en equipo interdisciplinar biopsicosocial es señalado de manera relevante por los pacientes, en su rol contenedor de las dificultades en salud mental presentadas por los mismos. Esto confirma la necesidad del abordaje integral de las problemáticas que afectan a nuestros usuarios.

La aproximación en salud mental con personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, presenta numeroso desafíos. Concretamente en la investigación clínica: la delimitación del objeto de estudio, exige acotarlo en el tiempo y en el espacio, (ejercicio imprescindible de rigor científico) sin embargo, las características esenciales de las personas migrantes son su diversidad y su movilidad, lo que presenta serias dificultades a la hora de identificar su particularidad, interrogando las bases mismas de generación de conocimiento con esta población. Aun así, se hace imperativo el intento por sistematizar elementos que perfilen al sujeto migrante consultante, en vista de rescatar características específicas relevantes
a la hora de generar dispositivos de intervención en salud mental para esta población.

1 “Análisis de las características específicas clínicas y psicosociales de la población migrante usuaria del Programa de Salud Mental para Migrantes y Refugiados PRISMA, y su percepción en relación a la atención que reciben”, Fondos de Fomento a la Investigación para Académicos UAH, año 2011-2012.

Referencias
Martínez, J. (2003) Birds of passage are also women: La participación de las mujeres en la migración internacional. Cap III en El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género. Serie Población y Desarrollo CEPAL/CELADE. Santiago de Chile.

Margarita Becerra Lizana* y Laura Altimir Colao**

*Psicóloga y Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Estudios Complementarios en Antropología DEC, Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica. Post grado en Terapia Familiar e Intervención Sistémica, Institut Provincial de Formation Sociale, Namur, Bélgica. Directora Programa PRISMA

**Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad Diego Portales. Magister en Psicología Clínica: Mención Estudios de la Familia y la Pareja, Universidad Diego Portales. Post Título en Terapia Sistémica de Familias y Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). Psicóloga Programa PRISMA

En la última década, Chile se ha convertido en un Estado receptor de solicitantes de asilo, de refugiados y de reasentados, transformándose en un destino seguro que alberga hoy mayoritariamente refugiados colombianos y reasentados provenientes no sólo de las Américas, sino también de otras regiones como Medio Oriente y África. Este hecho ha puesto a prueba la capacidad del Estado y de la sociedad chilena para desarrollar procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados e integrar a estas personas que llegan a Chile buscando protección. La aprobación de una nueva ley de refugio, la Ley 20.430 y de su reglamento Decreto 837 de 2010, ha marcado un hito importante, en un esfuerzo por desarrollar a nivel normativo nacional las obligaciones internacionales ratificadas por nuestro país en relación a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1.

La mayoría de los refugiados que hoy están en nuestro país huyen de situaciones de violencia (generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva a los derechos humanos) y persecución (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opinión política). Pese a que en Chile no tienen una barrera idiomática, deben superar numerosos obstáculos. Esta población se enfrenta a problemáticas de integración social, cultural y económica similares a la población inmigrante, en particular en lo referente a las precarias condiciones estructurales a las cuales se ven expuestos en nuestro país (económicas, laborales y del entorno físico). Además, se le agrega la ruptura con el país de origen, agravada por el brusco e involuntario desarraigo, junto con la exposición a experiencias traumáticas (psicológicas y físicas), que impactan profundamente en las condiciones de salud y salud mental de estas personas.

Debido a la complejidad que representa la temática de refugio en salud mental, los profesionales que están en contacto con esta población deben desarrollar competencias específicas que resultan esenciales para el abordaje de los casos y sus múltiples variables intervinientes. Primero, es necesario tener una comprensión de las normativas internacionales y nacionales, así como del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país, como bases contextuales que enmarcan y determinan procesos de integración de estas personas. Luego, al momento de pensar y realizar intervenciones, se requiere coordinar e integrar el trabajo con disciplinas afines del ámbito interdisciplinar (social, jurídica, médica, educativa, otros.). De manera complementaria, se hace imprescindible colaborar con actores estatales y de la sociedad civil, para el logro de apoyos específicos o entrega de recursos. Esto implica muchas veces gran dedicación y sobrecarga para los profesionales intervinientes.

El equipo de salud mental abocado a la atención de refugiados necesita de la comprensión de la dimensión intercultural del encuentro con pacientes de orígenes diversos, lo que implica flexibilidad del encuadre de las atenciones, apertura de la perspectiva disciplinar y, sobre todo, cautela a la hora de diagnosticar. Además, debe tener conocimientos en el tratamiento del trauma, junto con la capacidad de responder de manera ágil y movilizar rápidamente múltiples recursos para el abordaje de crisis y urgencias (psiquiátricas y psicosociales).

Por sobre todo, se hace fundamental el acercamiento a la realidad del otro en una relación respetuosa, paciente y humilde, a través de un vínculo (terapéutico) suficientemente sólido, resistente y adaptativo, donde se reconoce la experiencia subjetiva y su anclaje en una realidad que debe ser reconocida también como colectiva.

1 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 U.N.T.S. 150, entrada en vigor 22 de abril de 1954; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, A.G. res. 45158, anexo, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) p. 262 ONU Doc. A/45/49 (1990), entrada en vigor 1 julio 2003; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de Septiembre de 2003, Corte I.D.H. (Ser. A) No. 18 (2003).

Margarita Becerra Lizana* y Laura Altimir Colao**

*Psicóloga y Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Estudios Complementarios en Antropología DEC, Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica. Post grado en Terapia Familiar e Intervención Sistémica, Institut Provincial de Formation Sociale, Namur, Bélgica. Directora Programa PRISMA

**Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad Diego Portales. Magister en Psicología Clínica: Mención Estudios de la Familia y la Pareja, Universidad Diego Portales. Post Título en Terapia Sistémica de Familias y Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). Psicóloga Programa PRISMA

Chile, al igual que otros países de la región, está inserto en un proceso globalizado de progresiva migración. Este fenómeno ha generado el establecimiento de un grupo cada vez mayor y heterogéneo de personas de origen extranjero que residen en nuestro país y que, por lo tanto, están sujetos a las leyes, deberes y derechos del contexto nacional. A pesar de que ha habido iniciativas legislativas para incorporar a esta población de manera justa a nuestra sociedad, en la práctica las dificultades se multiplican. Desde la aplicación de leyes y normativas, hasta la realidad de la vida en colectividad, posibilitan por una parte, la discriminación, los prejuicios, condiciones laborales y económicas precarias, y por otra, la falta de información acerca del acceso a servicios y posibilidad de ejercicio de derechos.

La migración es un fenómeno complejo cuyas repercusiones en la salud y salud mental se encuentran en proceso de ser dimensionadas. Como antecedente, estudios demuestran que el migrante tiene una adecuada salud física al momento de su llegada al país de acogida. Sin embargo, al entrar en juego variables socioeconómicas y estructurales que puedan empobrecer la situación de vida y producir un deterioro de las condiciones de salud, disminuye el bienestar psicosocial del que gozaban en su país de origen (Vázquez- De Kartzow, R., 2010; Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, 2008; Demoscópica, 2009).

Todos estos factores contribuyen a que las personas migrantes queden en una situación de vulnerabilidad social. Se suman también, condiciones de vulnerabilidad personal, especialmente cuando experimentan la enfermedad en un contexto que les es ajeno y donde, además, hay falta de soporte social y sufrimiento asociado a la exclusión. Es ahí donde se hace evidente la falta de recursos del migrante para recuperar su estado de salud (Núñez, L., 2008). Cuando la persona se enferma, intenta mejorarse utilizando los marcos de referencia y recursos que les son familiares y accesibles y que les proporcionan conocimiento acerca de cómo enfrentar la enfermedad. Para un creciente número de personas migrantes, este apoyo desaparece una vez que llegan al país de acogida, donde la mantención de la salud no siempre es posible.

En el ámbito sanitario, Chile ha realizado importantes avances para garantizar el acceso y la equidad de la población migrante al sistema de salud pública, en particular en la protección de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 18 años (en cualquier situación migratoria), además de asegurar atención de urgencia para población migrante general. Sin embargo, la implementación de estas iniciativas legislativas se dificulta por la insuficiente difusión de las normativas y la falta de capacitación de los profesionales de la salud frente a contextos y temáticas migratorias.

La situación del migrante económico y las condiciones de vulnerabilidad social y personal mencionadas, son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad mental. Se agregan las brechas idiomáticas y culturales, además de la dispersión geográfica de las familias, que puede deteriorar los vínculos afectivos cercanos, redes de apoyo fundamentales en caso de necesidad.

Existen evidencias científicas que señalan la presencia importante de trastornos del ánimo y de ansiedad en esta población. Sin embargo, revisando estudios nacionales e internacionales referentes a migración y variables en salud mental, se constata que los hallazgos no son concluyentes. Esto, ya que el diseño metodológico de los estudios es diverso, los tipos de muestreo son variables y los instrumentos de medición no están adaptados ni estandarizados a la heterogeneidad que caracteriza a esta población (Becerra, M. y Altimir, L., 2012).

Resulta relevante entonces, comprender las necesidades específicas de esta población en el área de la salud mental. Relevar esta temática apela al acceso y a la oferta de servicios en calidad de igualdad y equidad, y constituye un intento por acortar la brecha social que se ha generado con el desarrollo histórico del fenómeno migratorio, en particular en este ámbito.

Buscando responder directamente al desafío de ofrecer atención en salud mental para la población migrante, solicitante de asilo y refugiada, la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado desarrolla el Programa PRISMA: Programa de Atención en Salud Mental para Migrantes y Refugiados. Este programa ofrece servicios que incluyen psicoterapia individual, familiar y de pareja, intervención en crisis, intervención psicosocial y co-terapia psiquiátrica. Además del desarrollo de líneas de investigación clínica con población migrante y de docencia clínica.

Desde su creación en el año 2008, PRISMA ha logrado poner a disposición de la población un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y sociólogos. El modelo de trabajo es interdisciplinar e incorpora de manera transversal la dimensión intercultural y el anclaje contextual de la especificidad de la experiencia migratoria y de refugio. Además, el programa trabaja de manera interinstitucional, en estrecha vinculación con iniciativas afines, tanto académicas como de la sociedad civil, de organismos internacionales y del estado.

La experiencia recogida desde el quehacer clínico y psicosocial, junto con la investigación clínica con casos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, han revelado problemáticas que integran múltiples dimensiones: jurídicas, sociales, psicosociales, psicológicas y somáticas. Estas y otras dimensiones se entrelazan e interactúan entre sí y están ancladas en contextos regionales y nacionales, políticos, económicos, tanto colectivos como individuales, generando escenarios de intervención de alta complejidad.

En este sentido, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de casos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, requieren de una mirada crítica, que interrogue los dispositivos tradicionales de intervención interdisciplinar en salud mental, incorporando la multidimensionalidad del fenómeno migratorio y la perspectiva subjetiva del migrante. Es así como desde PRISMA damos cuenta de la apremiante necesidad de formalizar servicios específicos en salud mental para nuestros usuarios, una realidad que está invisibilizada por desconocimiento de la especificidad temática y la falta de políticas públicas en salud mental asociadas a la migración.

Referencias

Becerra, M. y Altimir, L. (2012) El derecho a la salud de los niños y niñas migrantes y refugiados, contextos y especificidad en salud mental. En ACNUR, OIM, UNICEF (Ed.) Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y víctimas de trata internacional en Chile: Avances y desafíos. Santiago: Andros Impresores.
Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile (2008). Diagnóstico y factibilidad global para la implementación de políticas globales de salud mental para inmigrantes de la zona norte de la Región Metropolitana. Santiago: Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, Ministerio de Salud, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Courtis, C. (2010). Marcos institucionales, normativos y de políticas sobre migración internacional en Argentina, Chile y Ecuador. En Martínez, J. (Ed.), Migración Internacional en América Latina y el Caribe (CEPAL).
Demoscópica (2009). Diagnóstico y factibilidad global para la implementación de políticas locales de salud para inmigrantes en la Zona Norte de la Región Metropolitana. Santiago: Demoscópica S.A., Ministerio de Salud, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Fernández, R. y Stefoni, C. (2011). Mujeres inmigrantes en el trabajo doméstico: entre el servilismo y los derechos. En Stefoni, C. (Ed.), Mujeres inmigrantes en Chile. ¿Mano de obra o trabajadoras con derechos? Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Núñez, L. (2008). Living on the Margins: Illness and Healthcare among Peruvian Migrants in Chile. (Doctoral Thesis, Faculty of Medicine, Leiden University Medical Center (LUMC), 2008). Netherlands: Leiden University.
Vásquez-De Kartzow, R. (2010). Nuevos actores de la epidemiología en tiempos de globalización. En Agar Corbinos, L. (coord.) Migraciones, salud y globalización: entrelazando miradas, Editorial Biplano, OIM/OPS/MINSAL, Santiago.

Por Sebastián Medeiros, Médico de la P. Universidad Católica de Chile, formado como psiquiatra en la Universidad Paris VII y el Centro Hospitalario Sainte-Anne. Instructor Unidad Mindfulness Universidad Alberto Hurtado formado en el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts.

“De acuerdo al budismo, es el miedo a experimentarnos directamente lo que genera el sufrimiento” Mark Epstein

La psicología budista nace de la constatación que la encarnación humana incluye sufrimiento insatisfacción. Tanto el dolor físico como el malestar mental y emocional son inherentes por el simple hecho de tener un cuerpo y una mente. Esta psicología compara la experiencia dolorosa con la imagen de una primera flecha que nos llega a todos los seres humanos sólo por estar vivos.

Estamos sujetos a constantes cambios y modificaciones de los distintos aspectos de nuestra existencia personal e interpersonal. Por un lado, los cuerpos se enferman, van perdiendo cierta funcionalidad, envejecen y finalmente mueren. Por otro lado, en nuestra relación con las cosas y con los demás, no siempre obtenemos aquello que deseamos, nos separamos de lo que queremos, o estamos en contacto con lo que no nos gusta. Un amplio y variado espectro de emociones y estados mentales difíciles atraviesan y tiñen nuestro cotidiano. Miedo, tristeza, sentimiento de soledad, preocupaciones, tensiones corporales, vergüenza, rabia, sensación de vulnerabilidad, de abandono, de incertidumbre, etc. son sentimientos inherentes del existir y de estar en relación con el resto del mundo.

La práctica mindfulness, plantea una diferencia fundamental entre este tipo de dolor inevitable y lo que se denomina como sufrimiento “agregado”. Según la práctica, este último sería creado por nuestra mente y surgiría como consecuencia de resistir la experiencia del momento presente: como manifestación de no aceptar lo que realmente nos está ocurriendo, además de auto infligirse “segundas flechas” basadas, por lo general, en la autocrítica y el enjuiciamiento. Es este sufrimiento “agregado” o “adventicio”, lo que mindfulness intenta explorar y aliviar.

Al comprender la naturaleza de la resistencia podemos comenzar a liberarnos de este tipo particular de sufrimiento. La causa radicaría en la no realización del carácter impermanente e insustancial de los fenómenos perceptibles (pensamientos, emociones, sensaciones) incluyendo, en particular, la experiencia del self . Nos identificaríamos con la idea un self sólido, permanente y separado del resto, al que protegemos rechazando todo aquello que lo amenaza, aferrándonos a todo aquello que lo adorna y enaltece. Así, frente a cualquier situación, externa o interna, que ponga en peligro nuestra integridad física y/o psicológica, se genera aversión como reacción instintiva y la consecuente generación de hábitos e intentos por no estar en contacto con la experiencia, evitando o batallando en su contra. La relación habitual que se establece frente a situaciones incómodas suele ser, por un lado, de negación o de fuga y búsqueda de placer inmediato en circunstancias externas que distraen o anestesian de la experiencia.

O bien, frente a estados dolorosos se adopta una actitud de auto-mortificación psicológica (edificada sobre juicios hacia uno mismo, culpa, auto-recriminación) o de heteroculpabilidad (proyección y juicios hacia los demás). Junto a esto, y de forma más sutil, suele establecerse un intento por compensar, por controlar, por demostrar y probar que se está bien. Se produce así, un auto-monitoreo constante por alcanzar un cierto estándar por cumplir, generándose un sentimiento de superioridad con el que nos identificamos y aferramos. Según los psicólogos con orientación budista, este esfuerzo de auto-mejoramiento estaría basado en la creencia errada de que algo está mal o dañado en uno mismo y que necesita ser reparado o cambiado. Estas estrategias no hacen otra cosa que estancarnos y hundirnos en el malestar, en el sentirnos separados, atrapados en el sufrimiento.

Mindfulness constituye el corazón de las prácticas meditativas proveniente de la psicología budista (2600 años), cuyo fin es el alivio del sufrimiento. Esto se lograría, en parte, a través de un entrenamiento sistemático en la observación directa de los fenómenos mentales, las emociones, las sensaciones corporales y de los patrones condicionados fuertemente arraigados. Esta actitud exploradora debiera ser esencialmente no enjuiciadora y gentil. Así, frente a la experiencia dolorosa, la práctica mindfulness invita a cultivar una manera distinta de relacionarse con ésta, basada en la visión clara de lo que está sucediendo, en la ecuanimidad y la autocompasión o trato amable hacia uno mismo. Se comienza por reconocer que está ocurriendo en el momento presente, sea lo que sea (miedo, rabia, dolor, incertidumbre, etc.), llamándolo por su nombre. Al tomar consciencia ya permite tener cierta perspectiva.

Luego, en vez de rechazar o evitar lo difícil, se trabaja en ir progresivamente aceptando y permitiendo su despliegue natural. Aceptar no significa resignarse de forma pasiva a lo que nos sucede, victimizándonos, sino más bien, un abrirse con curiosidad y gentileza a la experiencia del momento presente, explorando su textura momento a momento. Al acoger de forma amable y al experimentar sin juicios y de forma descentrada aquello que normalmente es rechazado, se comienza a crear cierto espacio, que disminuye la reactividad habitual. Poco a poco, nos damos cuenta que las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones, por muy intensos que sean, son sólo una parte de la experiencia: fenómenos sin un carácter sólido o permanente, fenómenos que aparecen y pasan y, sobretodo, que no nos definen. Se va logrando un estado de no identificación con la experiencia dolorosa, un permanecer en la conciencia que da cuenta de lo que sucede y que no es perturbada.

Esta forma de aproximarse a la experiencia requiere de práctica y de gran coraje. No lleva implícitamente la intensión de erradicar aquello que nos ocurre y no nos gusta. Es un trabajo íntimo, un proceso profundo de abrirse a la amplia dimensión de quienes somos y de amistarse con nuestra naturaleza humana: su nobleza, su dignidad, su aspecto frágil y cambiante.

Por María Elena Pulido, Magíster en Psicología Clínica, Universidad Andrés Bello. Instructora Mindfulness Universidad Alberto Hurtado; y Catalina Sáez, Psicóloga Universidad Alberto Hurtado. Instructora Mindfulness Universidad Alberto Hurtado.

Competitividad, agresión, desconcentración, hiperactividad, necesidad de placer instantáneo, soledad e inconsciencia, son estados a los cuales los niños y adolescentes de hoy se ven enfrentados a diario. Estos síntomas los observamos en la consulta psicológica y también en los niños que tenemos más cerca, si miramos con sutileza e intentamos dar cuenta de lo que ellos están sintiendo.

Sabemos que en la sociedad occidental se ha trabajado muchas veces bajo las premisas de evadir todas aquellas manifestaciones emocionales que no parecen satisfactorias y tolerables, creando un excesivo control o evasión frente a las emociones, pensamientos y sensaciones, que provocan salidas descontroladas, patológicas o poco relacionadas con el verdadero sentir y pensar de la persona.

En los colegios tradicionales aún no existe un espacio o instancia en la que los niños y niñas aprendan acerca de sus emociones, respondan preguntas fundamentales de la vida, o simplemente el cuerpo no sea visto sólo como un receptáculo que debe ser extremadamente bello, indoloro y útil.

Generar espacios para aprender a pensar, para que se den cuenta que la atención y la concentración se desarrolla, y puede ser cada vez más profunda sin tener que buscarse a través de un locus de control fuera de la persona y exigir excesivamente que los niños atiendan, escuchen y respondan a todas las exigencias, puede evitar que se sientan constantemente frustrados y aparezcan juicios inalterables e ideas erradas de sí mismos.

La mente tiende constantemente a enjuiciar y a encapsular las experiencias: las recordamos y queremos repetirlas u olvidarlas, las tildamos de buenas o malas y luego quedan aferradas en nuestra memoria según lo percibido. De esta forma, los niños comienzan a encapsular sus experiencias y nos encontrarnos con adolescentes completamente identificados con una imagen de sí mismos casi imposible de transformar.

Un ejemplo de lo anterior y de cómo los juicios van afectando la personalidad y la autoestima de los niños y adolescentes, se muestra en el inicio de los programas Mindfulness para niños y adolescentes que realiza la Unidad Mindfulness de la Universidad Alberto Hurtado. Los propios niños se presentan como hiperactivos, desconcentrados, desordenados e incluso malos, además, expresan que el silencio les aterra y molesta, que las emociones “negativas” no deberían existir porque desagradan a los demás y no les gusta sentirlas y que el cuerpo sólo se siente cuando duele.

En este sentido, en los Programas Mindfulness los niños y adolescentes logran diferenciar el juicio de la observación abierta, aprendiendo a no hacer juicios de si mismos, de los demás, ni de los sentimientos, pensamientos o sensaciones que van emergiendo, lo que les permite una postura más auténtica, más creativa y abierta hacia las experiencias que puedan desplegarse en el aquí y el ahora.

En nuestro país los diagnósticos de enfermedades psico-emocionales infanto-juveniles van en aumento, los trastornos ansiosos y depresiones infantiles han alcanzado niveles altísimos, y los tratamientos comunes se rigen mayormente desde la falta y no desde las propias herramientas del niño o adolescente. Promover activamente el desarrollo de la introspección y la comprensión de sí mismo y del funcionamiento del cuerpo, estimulan al niño y al adolescente a abrirse a su vivencia y aprender de esta -sin atribuirle de manera preconcebida- emociones y cogniciones que usualmente poseen una valencia negativa y que determinan un “sufrimiento agregado” o secundario a las sensaciones que son evaluadas como negativas y que aumentan los sentimientos más depresivos y ansiosos.

Por lo general, los niños asocian el silencio y la quietud al castigo, a la exigencia que viene después de una reprimenda, o a emociones de tristeza y aburrimiento. En la práctica Mindfulness se les proporciona una experiencia diferente, en el que estar en contacto con ellos mismos es una instancia de apertura. El hacer silencio, la quietud, la, meditación y el aprender a escucharse abren la posibilidad de conectarse con el espacio interior, emerja lo que emerja -incluso la tristeza- permitiendo que los niños y niñas se reconozcan en la experiencia vivida (emociones, pensamientos y sentimientos), escuchando las diferentes manifestaciones que pueden darse en cada momento, para tener y concebir una continuidad del sí mismo corporizado en la experiencia de Ser.

Cuando la aceptación y la atención plena se trabajan con los niños y adolescentes se crea un nuevo contexto cultural que hace de soporte emocional y crea una necesidad de salud y bienestar en todo el entorno que los rodea. Darle un espacio para la voz y para la conversación expande las posibilidades de diálogo hacia temas de índole espiritual, de salud, bienestar y educacional, produciendo un cambio de visión necesaria para la cultura de hoy.

A través de los programas Mindfulness, los niños y adolescentes aprenden a sentirse, a escuchar, a verbalizar lo que les sucede con mayor claridad, porque logran “mirarse”. La concentración aumenta, ya que desde un entrenamiento del silencio y la quietud, algo en su cuerpo comienza a ceder para otorgar espacio a la atención del momento presente, debido a que no hay nada adentro de sí mismos que luche por ser dicho (agresión, la ansiedad, la pena). Ellos comienzan a observar lo que va produciendo y emerge la compasión, la autoaceptación y la autorregulación.

En este espacio protegido, donde no hay juicios, los niños y adolescentes se sienten seguros y no juzgados por los demás, poco a poco se aceptan a sí mismos, y pueden desplegar sus emociones, simbolizándolas y a la vez comunicándolas sin miedo, logrando detectarlas con mayor facilidad, así esto se puede ir desplegando con mayor fuerza en la vida cotidiana, porque hay un espacio interior y una vivencia encarnada que queda internamente en cada uno y una.

Integrar la mente y el corazón, no enjuiciar, escuchar el cuerpo, mirar las emociones y aprender a atender, son características que emergen desde una práctica entretenida que a través de actividades experienciales y dinámicas posibilitan un encuentro sincero de los niños con sus propias experiencias.

“Me he dado cuenta de que tenemos algo como senti-pensamientos, sentimos y pensamos, pero todo eso va junto, no se puede separar y así puedo entender mejor lo que me está pasando, sin importar si es algo bueno o malo…” (Testimonio de una niña de 9 años)

Por Ricardo Pulido, Psicólogo y Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Psicología General y Clínica, Universidad de Bologna, Italia. Académico y Director Unidad Mindfulness de la Universidad Alberto Hurtado.

Hace sólo dos años la palabra mindfulness causaba extrañeza en Chile. Hoy, en cambio, está suficientemente socializada y hasta, corre el riesgo, como casi todo lo que se populariza, de perder su significado original.

El significado original del mindfulness se remonta a prácticas milenarias vinculadas con el despertar espiritual del ser humano. Buda, por ejemplo, insistía en que esta era una de las prácticas fundamentales para alcanzar el conocimiento capaz de liberar al ser humano de su sufrimiento existencial más profundo.

Al practicarla por primera vez, las personas se dan cuenta de cuan sencilla, y por lo mismo, cuan difícil es esta práctica que consiste básicamente en atender las experiencias tal como ocurren, manteniendo por un tiempo prolongado una escucha interesada en la que se suspenden (o se dejan ir) voluntariamente las narraciones, sentidos, asociaciones y explicaciones que normalmente acompañan toda experiencia.

Nada fácil, pues nuestros sistemas cognitivo-afectivo tienden a significar y a darle un sentido a cada experiencia. ¿Es posible entonces, no significar? La práctica mindfulness no pretende esto, simplemente busca enlentecer el proceso y debilitar las significaciones automáticas de tal manera que cada experiencia se despliegue con mayor riqueza y novedad, incluso las dolorosas.

Es un proceso muy similar a la Fenomenología de Husserl: poner entre paréntesis todos los juicios para que emerja la cosa en sí. Sin embargo, una gran diferencia es que la tradición de práctica mindfulness ha desarrollado un conjunto de procedimientos concretos, una metodología práctica para facilitar esta disposición interna, que se fundan en ejercicios de unificación del cuerpo y la mente basadas, preliminarmente, en una conciencia plena de la propia respiración. Otra gran diferencia es que la Fenomenología no nace ligada a una pregunta por el sufrimiento humano sino a una pregunta sobre la naturaleza y fundamentos del conocimiento. Precisamente en este punto me quiero detener :¿hay alguna relación entre epistemología, la pregunta por la naturaleza del conocer, y la terapéutica, la pregunta por cómo aliviar el sufrimiento?

Mindfulness ha entrado con mucha fuerza en el mundo occidental gracias a sus poderosas y documentadas aplicaciones clínicas. Despejándolas de todos los elementos espirituales, religiosos y culturales, la aplicación “aséptica” de esta práctica ayuda significativamente a enfrentar el malestar físico y mental produciendo alivio, reducción del dolor, disminución de síntomas ansiosos y depresivos, y generando sensaciones de mayor bienestar y tranquilidad interna. La cantidad de estudios científicos y meta-analíticos que han demostrado la eficacia clínica del mindfulness (al menos de ciertos programas basados en esta práctica como la DBT, el MBSR y el MBCT), han crecido exponencialmente en los últimos 10 años, llegando incluso a demostrar fenómenos positivos de plasticidad cerebral asociados.

En la Unidad Mindfulness de la Facultad de Psicología de la UAH – unidad que nace el 2010 al interior del Consultorio de Atención Psicológica y que incluye programas mindfulness para adultos, niños y adolescentes y programas de formación como el Diplomado de Meditación y Psicoterapia) también hemos podido comprobar la eficacia del programa MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). A la fecha más de 150 personas (entre ellos: pacientes psiquiátricos, con enfermedades crónicas, con cuadros de estrés o buscando desarrollo personal) han completado el programa de 8 semanas con resultados muy alentadores. El nivel de satisfacción general es alto y las comparación pre y post tratamiento de diferentes índices como calidad de vida, intensidad de síntomas psicológicos y psicosómaticos, dificultad en las relaciones interpersonales y el rol social, muestran una mejora estadísticamente significativa.

¿Qué es lo terapéutico de está práctica? Permite cambiar la relación con el mundo (el propio mundo circundante, las propias circunstancias) sin necesariamente cambiar el mundo. Esto significa que incluso, en condiciones adversas la persona puede encontrar recursos internos para sobrellevarlas sin agregar mayor sufrimiento al que ya padece. Esto efectivamente ocurre. Por eso mismo el programa es tan bien recibido por aquellas personas que están en situaciones críticas, crónicas y que han probado diferentes alternativas sin éxito y que normalmente apuntan a hacer algo, cambiar lo que ocurre. El foco en mindfulness es opuesto: dejar de hacer, aceptar lo que ocurre. Y esto, paradojalmente lleva espontáneamente a un cambio en cuanto libera nuevas perspectivas, nuevas modalidades de acción.

Volvamos a la pregunta “¿qué relación hay entre epistemología y terapéutica?”. La efectividad y eficacia terapéutica del mindfulness es directamente proporcional a nuestra alienación experiencial. Mindfulness no es en sí misma una herramienta clínica, pero sí lo es hoy, en el contexto de nuestra cultura del hacer, del intervenir, de la eficiencia, de la producción y del negocio en la que nuestras subjetividades, nos guste o no, se hayan envueltas. Una de las primera sensaciones profundas que las personas encuentran tras las primeras prácticas, es el redescubrimiento de lo que significa descansar, reposar, física y mentalmente… estar sereno y revalorar el ocio (no tan solo su negación) como aquella experiencia donde la temporalidad se dilata permitiendo vincularse sin prisa y sin presiones internas con la propia y mas rutinaria cotidianidad… ¡es algo tan básico! En este sentido, mindfulness es un gran antídoto.

Sin embargo, en la medida que esta práctica siga popularizándose exclusivamente como una herramienta clínica y no sea seriamente considerada como una praxis epistemológica (disciplinar e individualmente), tendrá poco y nada que decir sobre la etiología experiencial de los malestares de nuestra sociedad actual y lo que es más grave, puede tender a fortalecerlos. Los mayores riesgos de lo anterior son dos: construir en los seguidores una metafísica de la aceptación donde las preguntas fundamentales de nuestra propia existencia quedan reducidas a “eventos mentales que deben ser dejados a un lado” y convertirse, paradojalmente, en una práctica que termine normalizando nuestra alienada temporalidad social e interpersonal, en cuanto ofrece potentes herramienta para reducir sus efectos nocivos sin necesidad de cambiarla ni cuestionarla.

En este sentido, las grandes posibilidades de mindfulness aún no se han desplegado realmente. Un diálogo del todo fértil puede nacer entre dicha práctica y filosofía fenomenológica. El conocimiento, siguiendo la epistemología de Francisco Varela lejos de ser un evento abstracto, es un evento situado y corporalmente encarnado de tal modo que lo que somos capaces de conocer está vinculado con nuestro estado mental-corporal. Una práctica profunda en este sentido, no sólo trae paz, salud, bienestar (estos son sus efectos secundarios), sino que aporta una nueva modalidad de conocimiento (de sí y del mundo) que, habiendo sido perfeccionado durante milenios, complementa las aproximaciones científico-transitivas para adentrarse en el terreno de la experiencia humana y del sentido de su existencia.

Gráfico: Comparación mediciones pre y post programa MBSR.

Nota: Síntomas, Relaciones interpersonales y Rol social medidos con el OQ-45(valores mayores indican más y más intensos problemas asociados a cada área); Calidad de Vida medida con el WHOQOL de la OMS (valor mayor indica mayor calidad de vida)

Por Evelyn Hevia* e Irene Salvo**

* Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Diploma en Metodologías Cualitativas en Investigación Psicosocial, Universidad de Chille. Académica Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado.
** Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de Chile. Master en Asesoramiento y Orientación Familiar, Universidad de Santiago de Compostela, España. Académica Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado.

Una pequeña mapuche observa desde la ventana de la sede del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Santiago de Chile cómo algunas organizaciones, artistas, medios independientes y ciudadanos solidarizan con la ocupación de estas dependencias y con las demandas de los adultos de su comunidad que –a través de esta medida de presión– buscan sensibilizar y denunciar la violencia de Estado ejercida hacia ellos y, en particular hacia los más pequeños. En efecto, la militarización de las zonas en que se desarrolla el llamado “conflicto mapuche”, ha implicado que -de forma sostenida- niños, niñas y adolescentes sean víctimas de variadas formas de intimidación y violencia durante los últimos años. Este dispositivo represivo se sostiene también, sobre condiciones estructurales de exclusión y vulnerabilidad que atraviesan la trayectoria vital de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a un pueblo históricamente discriminado.

Las imágenes de niños heridos de bala y las denuncias realizadas principalmente por mujeres y madres de las comunidades violentadas, rompen el cerco del silencio y aumentan la visibilidad del tema, situando en el debate público la pregunta por la responsabilidad en torno a la exposición de menores de edad a esta situación, cuestión que también interpela el rol que le cabe a nuestra disciplina. Lamentablemente, a la gravedad de las circunstancias, se suma la insuficiente respuesta institucional y profesional y la ausencia de políticas públicas preventivas y protectoras orientadas a interrumpir esta situación y a evitar un daño aún mayor. Resulta curioso pensar que siendo un tema de tanta relevancia, este conflicto quede tan alejado de los intereses de muchos profesionales de la salud mental de Chile y aún no sea lo suficiente destacado su urgencia por parte de diversas asociaciones de nuestro gremio. Pareciera percibirse como una situación periférica que se desarrolla en algún lugar perdido del territorio nacional afectando a “otros” que consideramos cultural y territorialmente diferentes y extraños. Además, se aprecia una escasez de estudios sistemáticos respecto del tema, o bien, hay una baja difusión de los informes realizados por profesionales que se desempeñan en la zona de conflicto. Ambos indicadores reflejan la ausencia de implicancia institucional y profesional respecto del tema.

Frente a este escenario, resulta urgente un abordaje integral por parte de las instituciones públicas y de la sociedad civil encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes con el objeto de resguardar el “interés superior del niño” más allá del discurso políticamente correcto. La consideración del enfoque de derechos resulta clave ya que el pueblo mapuche ha sido sistemáticamente excluido de la sociedad chilena, e históricamente ha sido tratado como “objetos” en lugar de sujetos de derecho (a través de una serie acciones de exclusión social y de deslegitimación de sus luchas reivindicativas). Esto cobra aún mayor importancia por tratarse de menores de edad.

En julio recién pasado, la UNICEF exigió al Gobierno que incluyera medidas tendientes a proteger a los niños que viven en la zona de conflicto, solicitando la aplicación de un protocolo de actuación policial en los procedimientos en que estén presentes menores de edad y mujeres. Por su parte, el pasado 21 de agosto, el Colegio Médico de Chile emitió una declaración pública en torno al conflicto, enfatizando el efecto traumático que este tipo de situaciones genera y la amenaza para “su desarrollo (el de niños y niñas) en términos de salud física, mental y social, limitando la expresión de sus potencialidades y su integración a la sociedad”1.

Junto con lo anterior, los profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad ética y política de asumir posiciones, ayudando a visibilizar públicamente la gravedad de las consecuencias psicosociales a corto, mediano y largo plazo que conlleva la exposición crónica a situaciones de violencia, discriminación y estigmatización para los niños, sus familias y comunidades, y para la sociedad en su conjunto, así como también respecto de cuáles pueden ser las formas de intervención más efectivas para colaborar en el restablecimiento de las condiciones de vida más adecuadas para el bienestar de los afectado/as. La psicología no puede pensar sus prácticas sin integrar la dimensión política que las atraviesa y en este caso, debe incluir una perspectiva intercultural de comprensión y abordaje de las problemáticas de salud mental de los afectados, de manera de poder desarrollar intervenciones contextualizadas, respetuosas y pertinentes.

Frente a un problema de alta complejidad, no es posible contar con recetas de fácil solución y se torna necesario instalar algunas interrogantes que permitan desnaturalizar la situación de violencia a la que se ven expuestos los diferentes actores y particularmente, niños, niñas y adolescentes. Existe abundante literatura especializada respecto de las graves secuelas psíquicas que genera para un sujeto la exposición crónica a situaciones altamente estresantes y traumatogénicas. Dentro de la constelación sintomatológica habitualmente descrita, se considera la aparición de sentimientos de indefensión y temor, desconfianza, agresividad, ansiedad, alteraciones del sueño, etc. No obstante, muchas veces las manifestaciones psicopatológicas constituyen una capa externa del impacto subjetivante que tienen las experiencias de violencia.

Por lo demás, la descripción y categorización de síntomas desde un paradigma biomédico se sustenta en visiones individualistas que carecen de un análisis de la singularidad y del contexto cultural, histórico, socio-político y relacional en el que dichas experiencias se despliegan, acotando el tratamiento a la supresión de los síntomas. Cabe preguntarse entonces, por las huellas que pueden quedar en estos niños, niñas y adolescentes en la forma de mirarse y mirar su entorno y sus relaciones luego de vivir en una situación en la que la violencia es una constante.

La psicología social latinoamericana y, en particular, la noción de “trauma psicosocial” acuñada por Ignacio Martín-Baró2, nos ofrecen un marco de comprensión para la compleja trama de variables que configuran el problema de la violencia política, implicando a la psicología en la tarea de analizar y develar las relaciones que hacen posible su rutinización y naturalización. Asimismo, esta noción resulta productiva para analizar los efectos en los procesos de construcción de identidad de niños y niñas expuestos a situaciones extremas de violencia, donde según el autor se pueden distinguir dos polos: una identidad opresora y otra, oprimida. La primera tiene que ver con que el niño asume de manera agresiva la identidad estigmatizada y socialmente excluida; la segunda, se somete a la identidad socialmente impuesta. Así, la socialización que ocurre en contextos de violencia, pone al niño en el dilema de asumir como propia la violencia.

Una pequeña mapuche observa desde la ventana: ¿qué mira, qué siente, qué comprende?

1. Colegio Médico de Chile, disponible en www.colegiomedico.cl, consultado el 31 de agosto de 2012.
2. Martín-Baró, I. (1992). El trauma psicosocial. En I. Martín-Baró Psicología social de la guerra: Trauma y terapia (págs. 77-84). San Salvador, El Salvador: TalleresGráficos Universidad Centroamericana.

Por Fernando Contreras, Psicólogo y Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster (DEA) en Ciencias del Trabajo, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Al hablar de felicidad, la intuición nos llevaría a considerar que la psicología debiera orientarse a promoverla. Sin embargo, al hacer un breve examen del tema nos encontramos con buenas razones para pensar lo contrario.

Normativamente, una sociedad pluralista es la que trata a todos sus miembros con igual dignidad, sin imponer ninguna concepción de “vida buena” a los ciudadanos. De esta manera, cada individuo es respetado en su derecho a definir cómo quiere vivir en la medida que su proyecto particular -su idea sobre “lo bueno”- sea compatible con las reglas de justicia que permiten la vida en común. Si este principio de pluralismo rige la vida en común, ¿por qué la psicología debería quedar exenta de esta obligación? Ni la psicología ni los psicólogos deberíamos, entonces, enseñarle a los individuos cómo deberían orientar su vida en términos morales. En todo caso, la ayuda que se nos demanda es apoyar, en todo lo posible, la capacidad de las personas para elegir la vida que quieran hacer, enfrentando las implicancias de estas opciones. Esto será cierto en el contexto clínico, en el trabajo, la escuela, la comunidad, la crianza de los hijos y en todo orden de actividades humanas.

Pero, ¿por qué esta defensa del pluralismo sería un argumento contra la búsqueda de la felicidad mediante la utilización de la psicología? La psicología positiva, como se denomina la tendencia que pregona la búsqueda de la felicidad mediante las ciencias de la conducta, es consistente en presentar modelos de vida feliz fundados empíricamente que, si se ponen en práctica ciertas habilidades, estarían al alcance de la mano de la mayoría de la población. De este modo, los resultados de una investigación realizada en Chile el año pasado muestra que los ciudadanos que celebran festividades, tienen pareja, creen en algo trascendente, hacen deporte o dedican poco tiempo a las redes sociales, entre otras características compartidas, serían más felices que los demás que no lo hacen1. Y agrega que los chilenos más felices vivirán más tiempo gozarán de mejor salud, serán más productivos, obtendrán mejores resultados, mejores relaciones y serán más generosos, según nos ilustra el psicólogo Claudio Ibáñez2.

Por más que se nos advierta que los resultados de las investigaciones de la psicología positiva no son una receta para ser feliz (lo que seguramente resalta la necesidad de investigar más para tener mejores resultados), la pretensión de explicar científicamente el tipo de hábitos que conducirían a una vida feliz, unida a la afirmación de que la felicidad es un bien supremo (citando a Aristóteles), constituyen en lo fundamental una idea particular sobre cómo es mejor vivir. Definen un estándar hacia el cual habría que orientar al conjunto de la población, pese a su aparente neutralidad moral.

Imaginemos, por ejemplo, que una persona que no profesa creencias en algo trascendente decide libremente no tener una pareja estable: bajo la forma de una bien intencionada orientación científica hacia la felicidad, la psicología positiva le recomendaría modificar estas decisiones que constituyen una parte muy central del ejercicio de su libertad, visto que ambas conductas no coinciden con las características de las personas felices. En los hechos, la psicología positiva está moralizando con evidencia estadística. Esto constituye un tipo de falacia que debe evitarse consistentemente: deducir normas morales a partir de hechos empíricos.

El discurso de la felicidad y la positividad tiene además una consecuencia pública importante que refuerza el argumento contra su difusión. En el marco de las protestas ciudadanas de los últimos meses, se ha hablado que son una expresión de emociones como la rabia, descontento o frustración3. Esto implica que un estado emocional distinto permitiría no solo evitar las consecuencias inmediatas de las protestas -alteración del orden público, delitos contra la propiedad, etc.- sino que una ciudadanía más feliz no necesitaría expresarse de esta forma. El orden social sería, entonces, fruto de un generalizado estado mental individual positivo que todo ciudadano puede cultivar con medios respaldados científicamente; lo que deja en muy mal pie la convicción democrática que afirma que la vida en común debe ordenarse mediante el diálogo y la tramitación de los desacuerdos. Quizás una “sociedad feliz” con individuos positivos y más adaptados sería menos conflictiva, pero el precio a pagar sería una sociedad menos democrática.

Este tema no es para nada nuevo. La promesa de un individuo más adaptado encontró un gran escollo en la defensa de la autonomía cuando el concepto de moda era la inteligencia, una capacidad adaptativa que había que medir y generalizar. Luego pasó otro tanto con la inteligencia emocional o con la resiliencia. Aunque la sola idea de salud mental o de bienestar psicosocial contiene una promesa de mejorar el ajuste del sujeto a las condiciones del mundo externo modificando aspectos cognitivos, emocionales o psicosociales, esta oferta de adaptación tiene límites definidos por las condiciones materiales de vida, condiciones sociales y políticas, entre otras.

Pero también hay límites de corte ético: no parece compatible con la salud mental favorecer la adaptación de alguien a un entorno en el que se vulneran de manera sostenida, grave o abierta los derechos fundamentales. Forzar a un individuo para que abandone modos de comportamiento culturalmente valiosos para adaptarse mejor al medio vendría objetado por el respeto a la diversidad cultural que caracteriza las sociedades pluralistas. Tampoco parece lógico aspirar a la adaptación incondicional a situaciones sociales que por definición son modificables y necesarias de cuestionar.

La psicología puede prescindir de la idea de “felicidad” para explicar el alcance de sus intervenciones y para justificar su aporte a los individuos.

1 Primer Barómetro de la Felicidad en Chile – Instituto de la Felicidad Coca-Cola, 2011, p. 18.
2 “Psicología Positiva y felicidad”,en Primer Barómetro de la Felicidad en Chile – Instituto de la Felicidad Coca-Cola, 2011, p. 11.
3 Un argumento de este tono fue expuesto por el ministro del Interior en el programa “Estado Nacional” del 1 julio 2012.

Por Renato Moretti, Psicólogo Educacional y Magíster en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Si bien la juventud depende de su articulación con lo “viejo”, como periodo del ciclo vital es posible asimilarla a la adolescencia1, etapa que tiene en la formación de identidad psicosocial uno de sus focos principales. Erik Erikson2 destacaba que la formación de identidad es un proceso complementario con aquellos de carácter histórico-social, y que las dificultades con que se encuentre una sociedad para reconocer los compromisos de su juventud puede conducir a crisis históricas.

Hoy, en una coyuntura que desde diferentes perspectivas es calificable como incierta, conviven discursos con características ideológicas diversas que interpelan a la juventud en pos de la generación de compromisos con la sociedad y la política.

Slavoj Žižek3 afirma que la ideología, como contenido que no transparentemente es funcional a una relación de dominación social, puede descubrirse fácilmente en la relación dialéctica entre lo “viejo” y lo “nuevo”: cuando un acontecimiento anuncia algo completamente nuevo pero es percibido como continuación o retorno del pasado o, por el contrario, cuando es percibido como ruptura del orden existente, siendo en realidad parte de su lógica.

Podríamos aplicar esta idea a la percepción de una crisis de legitimidad de las instituciones políticas chilenas, ante la cual se ha sostenido que una medida eficaz de renovación es la integración de lo juvenil, por ejemplo, a través de la convocatoria de nuevas masas de votantes (inscripción automática y voto voluntario). Sin embargo, esta postura se descubre ideológica en la medida se trata de integrar a la juventud dentro de un orden político que no ve alterada su estructura, es decir, se presenta como novedad, siendo en realidad coherente con la lógica existente de las cosas.

De modo inverso, el movimiento estudiantil ha sido percibido por el Gobierno como “más de lo mismo”, otro ciclo de movilizaciones estudiantiles, y luego tratado como un conjunto de acciones y reclamos ilegítimos y excesivos. Pero, ¿no será que el movimiento estudiantil ha estado anunciando la llegada de lo nuevo?

Desde cierta perspectiva tal pregunta se encuentra respondida de antemano, al señalarse que el movimiento estudiantil corresponde a una política totalmente diferente y antagónica a la vieja política de los partidos. Pero, ¿no cabría preguntarse si esta idea tiene un componente ilusorio? En el análisis de Fernando Atria4, se puede observar que la Constitución fue diseñada para que las decisiones políticas no concordaran con el resultado de las elecciones populares y que ello ha derivado en una política de partidos separada de la sociedad civil. Lo social-movilizado como opuesto a lo político-partidario parece ser parte de la lógica del ordenamiento actual. Sin embargo, aun discutible, aquella forma de ver las cosas parece menos ideológica, pues permite reconocer la existencia de antagonismos sociales y la tenuelegitimidad democrática de nuestro ordenamiento político, de origen y carácter profundamente autoritario.

Si se consideran estos discursos como dirigidos hacia lo juvenil, se podría objetar, usando términos del psicoanálisis, que cuando se intenta aplacar la crisis de representación integrando lo juvenil se opera con el modo de la negación, como si no existiera un problema de legitimidad fundamental en nuestro ordenamiento. Pero también se podría cuestionar que si el adulto atribuye al movimiento social juvenil la responsabilidad de hacer saltar tal ordenamiento sin incluirse, está bordeando el modo de la proyección, cargando en otros la dolorosa responsabilidad que tienen las generaciones mayores en su gestación y mantención.

Ahora bien, ¿qué impacto podrían tener estos discursos en la formación de identidades juveniles? En el Informe PNUD de 20095 se señala que en la construcción de identidad se requiere de referentes y que estos se presentan débiles en nuestro espacio público (tómese en cuenta la baja confianza de los jóvenes hacia las instituciones políticas6), lo cual redunda en una integración frágil entre la adolescencia y la sociedad chilena. Considerando esto, el llamado a la participación electoral de los jóvenes no puede asumir de antemano la generación de un compromiso político con las instituciones; si es incluso probable el rechazo. En cambio, el discurso que opone lo juvenil y social con lo político y viejo, ofrece un relato mucho más coherente y convocante para quienes perciben el orden actual como injusto, aunque sea discutible y ofrezca el riesgo de constituirse en un discurso autorreferencial.

En este sentido, es razonable pensar que nuestra coyuntura no es solo crisis de representación, crisis del modelo o simple malestar social, sino también una encrucijada en la relación sociedad- juventud; cruce en que una multitud coincide con el empeño de construir una sociedad en que sea más digno reconocerse.

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1 Dávila, O. (2004). Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes.
Última Década, 21, 83-104.
2 Erikson, E. (1994). Un modo de ver las cosas. Escritos selectos de 1930 a 1980 (S. Schlein, Comp.). México: Fondo de Cultura Económica.
3 Žižek, S. (2008). Ideología. Un mapa de la cuestión. México: Fondo de Cultura Económica.
4 Atria, F. (2012). La mala educación. Santiago: Catalonia-CIPER.
5 PNUD. (2009). Desarrollo humano en Chile. La manera de hacer las cosas.
Santiago: Autor.
6 Baeza, J. (2011). Juventud y confianza social en Chile. Última Década, 34, 73-92.

Por Fernando Contreras, Psicólogo, PUC. Magíster (DEA) en Ciencias del Trabajo, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesor Facultad de Psicología, UAH.

El largo debate legislativo de la ley anti-discriminación expuso un conjunto de argumentos que nos permiten aprender sobre la discriminación arbitraria y prospectar qué impactos tendrá una ley que la combata.

En primer término se discutió si la ley debe concentrarse en la penalización de los actos discriminatorios o si puede incluir también objetivos preventivos, de reparación e incluso el propósito mayor de eliminar la discriminación. Lo que parece estar detrás de esta discrepancia es una convicción dispar sobre la capacidad de una sociedad para actuar decididamente ante la discriminación arbitraria.

Para algunos se trataría de una parte inevitable de la naturaleza humana, ante la cual el legislador se limita a disponer reacciones oportunas. En este sentido, vale la pena señalar que toda discriminación es un hecho cultural y como tal no puede suponerse inmutable. Evitar del daño producido por la discriminación es, efectivamente, un objetivo plausible.

Otro elemento de interés en el debate fue si es conveniente enumerar las causas de discriminación arbitraria o si en cambio es preferible una definición genérica de modo que sea un tribunal quien las califique en cada caso. Al respecto, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que representan a grupos minoritarios y promueven los derechos humanos, propusieron evidenciar las causas más comunes de discriminación arbitraria, admitiendo al mismo tiempo que ese listado quede abierto. Si bien no sabemos con certeza cuales serán los motivos de discriminación en el futuro, sabemos bastante del presente y disponemos de experiencias comparadas que aconsejan visibilizar los casos más frecuentes. Es un comienzo aconsejable.

En tercer lugar, destaca el proyecto la incorporación de la discriminación arbitraria como acto atentatorio a la dignidad de las personas en el Estatuto Administrativo, tanto para la administración central del Estado como para los municipios. Esto pone la discriminación al mismo nivel que el acoso sexual: prácticas que deben ser evitadas en el lugar de trabajo, lo que mejora la protección de las personas en un ámbito especialmente propicio para los tratos arbitrarios. También apunta en la dirección de dar igual trato a los trabajadores dentro de la heterogeneidad de marcos legales que rigen el empleo público y privado.

Al abordar la consistencia de esta ley con otros cuerpos legales, el proyecto despeja preocupaciones que fundamentan la oposición a sus objetivos, tales como el límite que se impondría a la libertad de expresión o las restricciones a actos que suponen discriminaciones legítimas derivadas de acciones libres de los individuos. Si hay un trato decente entre personas iguales –e incluso la ley puede alentar los actos de discriminación positiva–, no tiene mayor base el temor a una ley de este tipo, del mismo modo que no podría justificarse en la libertad de expresión la publicidad de ideas antidemocráticas: se trata de equilibrar derechos más que de superponer unos a otros.

Finalmente, la discusión legislativa ha permitido poner acento en medidas reparatorias como multas e indemnizaciones, que significan un reconocimiento práctico del perjuicio que vive una persona discriminada injustamente, y no solo un castigo a quien comete discriminación. La discriminación daña realmente, por lo que ese daño debe ser compensado de manera real y eficaz.

La entrada en vigencia de una ley como ésta tiene consecuencias potenciales para el ejercicio profesional de la Psicología: al menos, debemos asegurarnos que trabajos tan habituales como el psicodiagnóstico clínico, la selección de personal, las intervenciones educacionales y comunitarias no constituyan instrumentos de discriminación arbitraria, incluso si no fuese nuestra intención. En el mejor de los casos, la Psicología tiene una responsabilidad con la eliminación de las formas de discriminación arbitraria en todos los espacios sociales en que ella opera.

Por José Antonio Román Brugnoli, Psicólogo y Licenciado en Psicología, UC. Magíster y Doctor (c) en Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesor Facultad de Psicología UAH.

La brutal golpiza al joven Daniel Zamudio tiene más aristas que la discusión sobre una ley contra la discriminación. Por lo pronto, nos cuestiona como sociedad: ¿Es la chilena una sociedad en que podemos convivir personas diferentes con un igual derecho al respeto y la valoración de nuestras vidas?

Desde hace algunas semanas, a raíz de la brutal golpiza que terminó con la vida joven Daniel Zamudio, ha reaparecido la discusión sobre cómo se relacionan prejuicios, discriminación y la acción delictual. Sin embargo, gracias al tratamiento mediático y el manejo político, la ciudadanía no había alcanzado siquiera a informarse correctamente de este repudiable crimen, cuando ya la atención era puesta sobre el truncado proyecto de una ley antidiscriminación, como si en esta ley estuviese la llave para abrir o cerrar la posibilidad de este tipo de delitos.

Este breve artículo tiene como propósito aportar ciertas claves de análisis provenientes de la psicología social, que podrían permitir una reflexión algo más amplia sobre la tematización que nos fue propuesta por los medios, que vinculaba, a veces de maneras más explícitas, otras más implícitas, prejuicio, discriminación y atentados contra la vida.

Lo primero que habría que abordar es esta relación simple que se estableció; y por la otra, entre una ley antidiscriminación como solución preventiva o disuasiva de este tipo de hechos. ¿Conducen necesariamente los prejuicios a acciones de discriminación, y ellas a acciones delictivas? ¿Es esto lo que explica lo que aconteció en el “caso Zamudio”? Y si esto fuera así, ¿son las leyes un freno necesario y suficiente para que este tipo de concatenaciones no ocurran?

Aunque en el sentido común los prejuicios tienen una connotación negativa, nuestra vida cotidiana es en buena medida posible gracias a ellos: la tradición cultural que heredamos, en la que vivimos y mediante la cual pensamos, consiste en parte en repertorios compartidos de prejuicios que están allí disponibles para nuestro uso. Como la etimología señala, los pre-juicios nos permiten organizar y significar nuestra experiencia: aportan una estructura de interpretación que nos hará proclives a llegar a cierto tipo de juicios frente a un determinado tipo de experiencias. Por ejemplo, si compartimos prejuicios negativos hacia miembros de un determinado grupo social, por ejemplo, los inmigrantes, seremos proclives a atender y seleccionar aquellas informaciones, historias y experiencias que tiendan a confirmar ese prejuicio.

Es por eso que los prejuicios que se nos vuelven objeto de reflexión son aquellos que se nos hacen socialmente problemáticos, por ejemplo, cuando constatamos que contribuyen o anticipamos que contribuirían a legitimar juicios que vulneran de manera sistemática la dignidad o los derechos de ciertos grupos de personas, y/o que podrían generar un contexto de legitimación de acciones contrarias a los miembros de dichos grupos. Es decir, discriminación.

Algo semejante ocurre con la discriminación, que es una función básica de la vida personal y del colectivo social: la capacidad de distinguir, por ejemplo, entre aquello que merece la pena que le dediquemos nuestros esfuerzos vitales, de aquello que no, y de lo que más bien debiéramos evitar. Sin embargo, en ocasiones, ciertas formas de discriminación son problematizadas cuando su puesta en práctica perjudica de manera sistemática y específica a personas por el solo hecho de ser identificadas como pertenecientes a un determinado grupo social.

En ese contexto las leyes operan como marcos regulatorios y referentes morales sobre los prejuicios y sobre los comportamientos de discriminación. Pero ellas no siempre nos han prevenido de aquellos que perjudican a parte de nuestros conciudadanos, sino que en diversos momentos de la historia y de nuestro presente, ellas han formado parte o forman parte de los prejuicios y prácticas de discriminación legitimándoles, ya sea en su texto y/o en su aplicación.

Es lo que ha pasado cuando las leyes han legitimado condiciones de dominación y explotación como la esclavitud, la encomienda, la exclusión del derecho de educación o de voto, a personas por el mero hecho de ser adscritas a un grupo social definido por una condición de raza o de género. O lo que acontece en nuestro presente, por ejemplo, cuando se usa una ley antiterrorista de manera casi exclusiva sobre ciudadanos que lo que tienen en común es pertenecer al pueblo mapuche.

De esta manera lo relevante de un prejuicio que merezca nuestro cuestionamiento no es que habite en las mentes de los ciudadanos, sino que forme parte sus prácticas habituales de conversación para resolver diferencias, de sus formas de tematizar ciertos asuntos en los medios, de tratarlos en sus textos de estudio o de abordarlos en su legislación. Es decir, que estén instalados como lugares comunes indiscutibles, y que se ofrezcan como ejemplo, enseñanza y forma de ordenamiento social. Es de esta manera que los prejuicios pueden propiciar contextos favorables para prácticas de discriminación consistentes con ellos.

Así, la discriminación por diferencias de género, fenotipo racial u opción sexual, pueden gozar de entornos legitimados para su expresión pública. Sin embargo, buena parte de las prácticas de discriminación operan muchas veces de maneras encubiertas o veladas, y solo son detectables por sus resultados sistemáticos. Un caso arquetípico es la contratación de personal: haga el ejercicio de observar en alguna multitienda cuántos empleados con piel morena hay en la atención. Le sorprenderá descubrir que, si los encuentra, estarán siempre en una proporción mucho menor que la nacional. Pero también hay casos más complejos donde confluyen más variables, como por ejemplo, lo que sucede con la distribución de éxito académico y acceso a la educación superior según nivel socioeconómico en Chile.

¿Cuándo las prácticas de discriminación pueden dar paso a conductas o acciones delictuales? Ya hemos dicho que la discriminación puede estar legitimada de manera legal. También ha sucedido en ocasiones que las leyes han contemplado la legalidad de acciones que más tarde en la historia han sido consideradas delitos por legislaciones nuevas.

El análisis de la historia por parte de la psicología social nos ha mostrado que ciertas condiciones favorecen que se traspasen las fronteras de lo legal y de lo legítimo. Una de ellas es la presencia de autoritarismo y de liderazgo autoritario, que consigue ya sea mediante influencia social o recursos más coercitivos e institucionalizados dominar o apropiarse de la voluntad de los subordinados, llegando a obtener altísimos grados de obediencia social. Este fenómeno puede darse en varias escalas: nacional, por ejemplo en regímenes dictatoriales; institucional, especialmente en instituciones alta y rígidamente jerarquizadas; y también grupal, en grupos cuya cohesión de funda intensamente en la identificación con un líder.

Otra condición se da en los contextos cuya excepcionalidad pone en entredicho la vigencia, validez o viabilidad del marco normativo social para la conducción de la vida personal o grupal en esas condiciones. Es así como las crisis sociales, debidas, por ejemplo, a grandes desastres naturales, o agudas recesiones económicas, han sido escenario frecuente de cierto tipo de criminalidad. Pero han sido sobre todo los contextos de excepción del Estado de derecho en donde la discriminación hacia determinados grupos sociales se ha relacionado más directamente con una acción criminal hacia las personas consideradas miembros de esos grupos. Ejemplos: un quiebre de la democracia, como en una dictadura; la figura de la declaración de un estado de excepción general, como en un período de guerra; o cuando se focaliza a ciertos grupos declarados enemigos del orden público y de la democracia, como en aplicaciones específicas de una ley antiterrorista. Su permanencia en el tiempo puede dar lugar a una “normalización de la excepción”, que no es otra cosa que un remplazo de marcos normativos, en donde el nuevo viene a legitimar e incluso pueden legalizar que la discriminación dé lugar a la violencia contra los derechos civiles y humanos de una persona.

En ese sentido, la muerte del joven Zamudio nos interpela sobre la discriminación y el derecho a la diferencia, pero más ampliamente por el valor de la vida en nuestra sociedad. ¿Es la chilena una sociedad en que podemos convivir personas diferentes con un igual derecho al respeto y la valoración de nuestras vidas? Si observamos nuestro entorno podemos constatar que por desgracia hemos estado dando señales en la dirección contraria. La naturalización del maltrato y la discriminación hacia personas de un nivel socioeconómico más bajo; la criminalización y la represión policial a la protesta social con violación de los derechos humanos de quienes participan de ella, sean estudiantes, habitantes de una región o pueblos indígenas; se plantean como un referente normativo en que la vida del otro no merece una valoración y respeto en la dignidad de su diferencia.

En tal contexto, una ley antidiscriminación, sin bien necesaria, consigue hacerse cargo apenas de una parte de este problema. Debemos avanzar hacia un Estado de Derecho cuya Constitución, leyes e instituciones reconozcan la dignidad de ciudadanos a las diferentes personas, grupos políticos y pueblos que habitamos dentro de él: un Estado que sea el efecto de la participación de esa ciudadanía diversa. También revisar en profundidad y con detención nuestras prácticas cotidianas, para avanzar hacia formas de relación inclusivas, democráticas, abiertas a la diferencia, basadas en la confianza y el respeto de la persona del otro. Debemos erradicar una a una las prácticas que se presten para legitimar contextos en que el abuso y la violación de la dignididad y de la vida del otro puedan ser posibles.

Por Mauricio Arteaga* y Javiera Navarro***. Psicólogo, UC. Doctor en Psicología Universidad Autónoma de Barcelona, España. Decano Facultad de Psicología UAH. **Psicóloga, UC. Magister en Psicología Forense Kings’ College London University, UK. Directora Carrera de Psicología UAH.

El 15 de diciembre de 1973 la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) eliminó del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales a la homosexualidad como categoría diagnóstica. En enero de 1975, la Asociación Norteamericana de Psicología se sumó. Sin embargo, a pesar de la eliminación formal, se generó otra categoría para incluir las llamadas alteraciones de la orientación sexual. En ella se incluyó a las personas “cuyos intereses sexuales están dirigidos, principalmente, a personas de su mismo sexo y que se sienten molestas por, o en conflicto con, o desean cambiar, su orientación sexual. Esta categoría se distingue de la homosexualidad, la cual de por sí no constituye una alteración psiquiátrica.”

En la tercera edición del DSM (1977), se incorporó el concepto de homosexualidad ego-distónica, es decir, el deseo de adquirir o aumentar la excitación heterosexual de forma que puedan iniciarse o mantenerse relaciones heterosexuales y un patrón mantenido de manifiesta excitación homosexual, que la persona dice rechazar explícitamente. En la revisión del DSM-III (DSM-III-R, 1986) desapareció de manera definitiva cualquier mención a la homosexualidad como trastorno mental.

En la actualidad, en círculos disciplinares y políticos se está discutiendo la eliminación de otras categorías diagnósticas incluidas en los manuales, como por ejemplo el “Trastorno de Identidad de Género”. Si bien las organizaciones citadas comenzaron con la despatologización de la homosexualidad masculina y femenina ya hace 38 años, dando inicio a que otras organizaciones científicas, disciplinarias y civiles se pronunciaran en el mismo sentido, hasta la fecha se mantienen varios espacios de discriminación contra la homosexualidad.

Hace un tiempo vivimos uno de los más críticos en torno al asesinato de un joven homosexual por parte de un grupo de adolescentes, recordándonos que ser homosexual en Chile es para muchos un constante peligro. En la Psicología también se han mantenido focos de discriminación. Quizás el más prominente se refiere al conformado por una serie de profesionales psicólogos y psiquiatras que han desarrollado y difundido las llamadas “terapias curativas” de la homosexualidad, sosteniendo que es posible cambiar la orientación sexual de una persona mediante un tratamiento psicológico, sin considerar las ideas y principios compartidos por la comunidad científica al respecto.

Mientras redactábamos esta columna apareció en EE.UU. un reportaje en el que Robert Spitzer (1), el profesional que en un estudio de 2001 concluyó que un homosexual “altamente motivado” para ser heterosexual podía cambiar, y que se transformó así en la bandera de lucha de grupos religiosos, dijo que las críticas a su trabajo eran, en su mayoría, correctas.

En este sentido, el rol de los profesionales de la salud mental es utilizar las categorías diagnósticas sin fines discriminatorios, aceptando al otro como un igual desde su autenticidad más intima. El presente nos muestra aceleradamente cómo la técnica y el deseo humano posibilitan la emergencia de nuevas identidades y familias que requieren una comprensión desprejuiciada por parte de la Psicología y de quienes la ejercemos. La despatologización de los transgénero y la familia homoparental son fenómenos que necesitan atención disciplinar y política inmediata.

En un contexto mucho más conservador, represor y discriminatorio, el mismo Freud escribía a una madre afligida por su hijo: “Deduzco, por su carta, que su hijo es homosexual. Lo que más me impresiona es el hecho de que usted haya omitido este término cuando me ha hablado de él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? La homosexualidad, desde luego, no es necesariamente una ventaja, pero tampoco es nada de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio, ni un signo de degeneración, y no puede clasificarse como una enfermedad (…) Cuando me pregunta si puedo ayudarla, supongo que quiere decir si puedo acabar con la homosexualidad de su hijo y reemplazarla por la heterosexualidad. La respuesta es, en términos generales, que no podemos asegurar ese resultado (…) En verdad lo que el psicoanálisis podría hacer por su hijo es algo muy diferente. Si se siente infeliz, neurótico, desgarrado por los conflictos, inhibido en su vida social… el análisis puede traerle armonía, paz mental y plena eficiencia. Independiente de que cambie o no cambie (2).

(1) El reportaje se puede leer completo en http://prospect.org/article/my-so-called-exgay-life. Paradójicamente, en 1973 Spitzer fue uno de los mayores impulsores para que la APA eliminara a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas.
(2) http://www.lettersofnote.com/2009/10/homosexuality-is-nothing-to-be-ashamed.html

Por Verónica Gubbins Foxley, Doctora en Ciencias de la Educación, PUC. Directora Magíster en Psicología Educacional. Facultad de Psicología, UAH.

La aplicación de la PSU de este año se ha visto rodeada de un importante debate público. Se discute su efectividad para garantizar acceso igualitario a la formación universitaria de los jóvenes chilenos. Ello en el contexto de que la universidad se ha convertido en una de las grandes aspiraciones de las familias chilenas. Así lo muestran los resultados que se obtienen de la encuesta de opinión a los actores educativos aplicada por el Centro de investigación de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 1999 a la fecha. En el año 2000, el 70,8% de los apoderados aspiraba a que sus hijos e hijas accedieran a la universidad. El porcentaje aumentó a 87,9% en 2008.

Sin embargo, vale la pena preguntarse respecto a cuál es el valor simbólico que subyace tras estas aspiraciones. Estudios recientes muestran diferencias según nivel socio-económico (Gubbins, 2011). Las familias más desventajadas en lo económico se sienten satisfechas con el solo hecho de que sus hijos e hijas acceden a la universidad en tanto fin en sí mismo. Para las familias más ricas, por el contrario, el valor simbólico asociado es el de acceso a más distinción y “éxito social”. De este modo, no es solo el instrumento de selección (PSU) el que reproduce segmentación sino también colabora la subjetividad de los propios interesados, como son este caso las propias familias. En la práctica, todas aspiran y luchan, en consecuencia, para diferenciarse de su propio grupo socio-económico de pertenencia.

En este contexto es que, y no obstante el valor de la discusión pública para desafiar la política pública a avanzar más rápido, y hacer los ajustes correspondientes al instrumento que hoy se dispone (PSU), el análisis de la subjetividad social muestra que las familias solo quieren diferenciarse una de otras. ¿Quién se hace cargo de abordar, entonces, esta paradoja social? La necesidad de diferenciación social pone así en cuestión el supuesto de un deseo social compartido por más integración e igualdad social. Así, cualquier debate que se haga a favor de mejorar la calidad educativa no puede omitir la dimensión simbólica que acompaña las aspiraciones parentales para los hijos e hijas.

Por Renato Moretti, Psicólogo Educacional y Magíster en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Facultad de Psicología, UAH.

En Chile el analfabetismo suele considerarse residual porque ha disminuido sistemáticamente, llegando a situarse en torno a un 4% de la población adulta hacia el año 2000. Sin embargo, el analfabetismo no es un fenómeno absoluto ni homogéneo. Ese 4% oculta desigualdades de alfabetización entre sexos, grupos culturales, niveles socioeconómicos, contextos geográficos y edad. Por ejemplo, según datos del antiguo MIDEPLAN (2004), el porcentaje de personas en situación de analfabetismo aumenta en los grupos de edad mayor. Es decir, en Chile se puede encontrar un número significativamente alto de adultos mayores con bajos niveles de alfabetización, en contraste con una población joven mucho más alfabetizada.

Se puede esgrimir que el aumento paulatino de la cobertura educativa durante el siglo XX, sobre todo entre las clases populares, hizo que los grupos jóvenes estuvieran más alfabetizados que los mayores, por lo tanto es lógico que el analfabetismo haya tendido a persistir sólo en las cohortes de mayor edad. Sin embargo, es necesario recordar que este proceso no tocó a ciertos niños, por ejemplo, los excluidos por dificultades de acceso, por vivir en desprotección, o por estar en condiciones de trabajo infantil. Desde un punto de vista actual, hablamos de “una niñez que no fue niñez”, como señalara una de las entrevistadas de un estudio que reconstruyó las experiencias biográficas de participantes de un programa de alfabetización de adultos[1]. Algunos resultados de esta investigación ilustran que la escasa o nula escolarización de muchas de estas personas se relaciona con sus condiciones de origen socioeconómicas, culturales y geográficas, además de su género y edad. En este sentido, es del todo esperable que el público de un programa de alfabetización de adultos actual esté en tramos de edad próximos a la adultez media y mayor -como fue el caso de la Campaña de Alfabetización y Post-Alfabetización “Contigo Aprendo”-, dado que una parte significativa de este grupo corresponde a niños y jóvenes que vieron pasar la corriente de modernización y masificación escolar desde un costado.

Esta situación merece algunas reflexiones. Por una parte, según UNESCO la alfabetización es un derecho humano implícito en el Derecho Universal a la Educación, e incluso un medio para ejercer otros derechos humanos. Por eso es fundamental que el Estado garantice adecuadamente el Derecho a la Educación, como ha sido la exigencia repetida incansablemente por la ciudadanía durante el año 2011. Aun cuando se puede pensar que la baja o nula alfabetización de un grupo de edad avanzado es un problema acotado y residual, la sociedad y el Estado tienen cuentas pendientes con el Derecho a la Educación de las personas que, por uno u otro motivo, quedaron al margen de la escolarización. Por otra parte, el Derecho a la Educación no es un asunto restringido a la infancia y a la juventud: el sujeto de la educación puede y debe pensarse más allá de su edad escolar, como ocurre con las nociones de Educación Permanente o Aprendizaje a lo Largo de la Vida. En este sentido, los bajos niveles de competencia en lectura y escritura implican tanto una necesidad educativa de ciertos adultos contemporáneos, tanto como su baja escolaridad implica una deuda histórica con la infancia de mediados de siglo XX.

Aquí no se pretende desconocer las medidas que se hayan tomado respecto a la educación de adultos: una consideración razonada y detenida requiere de otro espacio. Solo se quisiera insistir en que los programas de alfabetización para adultos, tanto como los programas educativos en general, implican la satisfacción de necesidades educativas y el aseguramiento de un derecho humano fundamental. En el caso de ciertos adultos, la educación puede pensarse como un acto de justicia intergeneracional, tal como la educación en general puede situarse en la esfera de lo justo para todos.

Por Renato Moretti, Psicólogo Educacional y Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Facultad de Psicología, UAH.

Aun cuando es notorio que las movilizaciones estudiantiles de este año han tenido diferentes expresiones de creatividad que han logrado articular simpatía y apoyo por parte de la ciudadanía en general, el caceroleo es una expresión de protesta que tiene larguísima data en las luchas sociales de este país y como protesta popular, se ancla especialmente en la oposición a la dictadura de Pinochet, aun cuando ya había aparecido en las manifestaciones contra el gobierno de Allende. ¿En qué sentido es novedad una forma de protesta que fue dolor de cabeza ya para gobiernos democráticos y dictatoriales del pasado reciente? Y si la novedad en este contexto tiene que ver con creación, ¿qué es creatividad? Si yo cito un texto, pero lo saco de su marco original y lo uso para articular un punto de vista diferente o un nuevo sentido, ¿es ello novedad (creación) o repetición? Podríamos decir que es creativo, pues su sentido y su valor son nuevos, a pesar (o gracias a que) su material ha sido recuperado desde otro lugar. En esta línea, se puede decir que el caceroleo es creatividad y novedad para las luchas actuales en torno a la educación en Chile, pero no aparece de la nada, tiene un pasado.

Precisamente gracias a no ser totalmente nuevos, los caceroleos son un eslabón con la historia. Los ecos de los golpes de olla hacen volver a la conciencia de quienes tenemos memoria para recordar (edad, pero sobre todo memoria) las protestas nocturnas de la década de 1980. En ese sentido, los caceroleos trazan un salto hasta una época donde la expresión política de masas era heroica, y vuelven actual el pasado de las generaciones mayores. En una época donde se insiste (ideológicamente) en que todo está cambiando vertiginosamente, se ha vuelto posible pensar y decir abiertamente que hay cosas que no han cambiado. Y en una época donde se trata, también ideológicamente, de borrar el pasado por decreto o fijarlo en obras, hay cosas que pueden volver y cobrar vida, dando pleno sentido histórico a lo que parecía, en un inicio, un conflicto social más. Si el acto de golpear la olla como protesta continua teniendo sentido, significa que el marco donde cobra tal sentido no ha cambiado del todo, que el pasado no ha podido ser enterrado y goza todavía de buena salud.

Además, los diferentes caceroleos de estos últimos meses expresan la convocatoria popular que han logrado los estudiantes, superando sus propios límites etarios y territoriales. Las luchas en torno a la educación han dejado de tener un alcance sectorial para convertirse en un asunto central de nuestra forma de ser sociedad. En esto los estudiantes, juventud articulada políticamente, están ayudando a parir lo nuevo junto con comenzar a asumir la conducción de su época, logrando algo inédito en dos décadas: convocar a las multitudes, aun con su amplísima diversidad y sus diferentes grados de compromiso, en un esfuerzo político que refiere directamente a las condiciones de vida de las mayorías en la sociedad chilena.

Por último, los caceroleos, aumenten o disminuyan su alcance como forma de protesta, pueden ser también una excusa para reflexionar. Si es relevante pensar juntos la educación hoy, además de hacerlo en las coordenadas de la historia y la masividad, es también importante no abordar el presente como novedad absoluta, pero tampoco como simple repetición. Respecto a los caceroleos en particular, el problema no tiene que ver con el porqué otra vez (su falta de novedad), sino con su significado y los nuevos sentidos que cobran hoy.

Por Verónica Gubbins, Psicóloga y mediadora familiar. Doctora (c) en Ciencias de la Educación, PUC. Master of Arts, Psicosociología, UCL, Bélgica. Profesora Facultad de Psicología UAH.

Ha pasado medio año de controversia entre gobierno y estudiantes, y la escalada de desencuentros y violencia ha permeado el clima de debate nacional en torno a educación. Lo que más se escucha de parte de la autoridad son contenidos orientados al control del comportamiento social, más que de búsqueda de comprensión recíproca.

En Psicología a esto se le llama “descalificación” y es considerado “maltrato”. Por otra parte, los estudiantes reclaman permanente “sordera” institucional, lo que fundamenta, a su vez, la necesidad de mantener las marchas, que solo aumentan la brecha disposicional de ambas partes para encontrarse cara a cara y dialogar.

Se trata de un círculo vicioso conocido como “escalada de violencia” que aumenta, a su vez, la probabilidad de dispersión de la reacción social. No extraña, entonces, que hoy nos enfrentemos cada vez a más “encapuchados” en las calles, que ya no parecen saber quien es su “enemigo” cuando de saqueos y destrucción pública se trata. Toda autoridad, pública o privada, se convierte per se en el principal objeto de contrarreacción.

No obstante, y aun considerando inaceptables estos modos de enfrentar la falta de escucha social, es legítimo preguntarse por qué aumenta el desencuentro. Cada vez hay más uso de recursos químicos para disuadir, pero los encapuchados vuelven una y otra vez a desviar la atención hacia actores que no constituyen los verdaderos demandantes del cambio institucional. El Estado ha recurrido a la Ley de Seguridad Interior del Estado, recurso de especial sensibilidad para la gran mayoría de los adultos del país, que son a su vez, los padres de estos jóvenes. La escalada ha traspasado las fronteras del desencuentro inter-institucional para adentrarse también a otros espacios de la vida social.

El maltrato no es una estrategia eficaz de resolución de conflictos. Produce daños psicológicos y emocionales de difícil superación. Así se puede ver cuando se interroga a la ciudadanía respecto de la credibilidad y confianza hacia la capacidad de la clase política para acoger y satisfacer necesidades emergentes de la vida social, o respecto del comportamiento de los “encapuchados”.

Los ambientes abusivos afectan el desarrollo psicológico de las personas. La naturaleza y gravedad del impacto depende del tipo, duración e intensidad del maltrato y el grado de dependencia con el agresor. Lo que se daña es la capacidad de racionalizar la acción. Se favorece la impulsividad para reaccionar solo desde la rabia y la frustración. Son simples reacciones emocionales a la provocación. En un periodo tan vulnerable para la consolidación identitaria como es la que caracteriza el proceso de desarrollo juvenil, surge la interrogante respecto del mensaje y modelado de prácticas de convivencia social que las propias autoridades educativas le están enviando a las nuevas generaciones.

Lo delicado del asunto es que no estamos solo enfrentándonos a individuos “dañados”, sino que estamos dañando a una generación, que será, ni más ni menos, la de relevo. Al fin tenemos una juventud que decidió dejar de “estar ni ahí” y se interesó en el bien común. Han estudiado la materia, han planteado seria y argumentativamente sus demandas y han buscado incluso creativas formas de protesta social. El mensaje de los tomadores de decisiones, por el contrario, es hacer generalizaciones a partir de unos pocos, demostrar lo ineficaz del control policial, replegarse y no querer comprender que las nuevas generaciones traen consigo otro sueño “país”.

La única alternativa de resolución satisfactoria de conflictos, para todos los implicados en el conflicto, que se conoce en la literatura especializada en el tema, es acudir a la capacidad reflexiva y de diálogo empático entre los seres humanos. Viniendo además de autoridades responsables de la formación y educación de las nuevas generaciones se hace no solo urgente sino imperativa la congruencia institucional en este campo. Hay aquí una gran oportunidad de “formarse mutuamente” (jóvenes y adultos) en el proceso mismo del conversar reflexivo, para desde allí ir forjando una nueva forma de hacer país. Nuestra sociedad ha avanzado mucho en mejorar condiciones materiales de vida: es hora de hacernos cargo también de la necesidad de instalar nuevos “modos” de convivir en sociedad.

Los movimientos ciudadanos de los últimos meses tensionan la formación cívica que reciben los jóvenes en sus colegios.

Por Felipe Burrows Grau, Psicólogo y Licenciado en Psicología, P. Universidad Católica de Chile. (c) Doctor en Educación, Instituto de Educación, Universidad de Londres, Inglaterra.

La formación para la ciudadanía forma parte de las tareas y propósitos de la educación escolar.  Tiene por finalidad preparar a las personas para participar en la esfera social como sujetos formados en principios y valores de convivencia democrática, así como ciudadanos comprometidos en los asuntos y toma de decisiones relevantes para la vida en común.

En los últimos meses hemos sido testigos de movilizaciones sociales expresadas principal pero no únicamente en el movimiento estudiantil y en las movilizaciones ante proyectos eléctricos.

¿Qué puntos levantan estas movilizaciones en torno a la formación ciudadana?

En primer lugar, llaman a revisar la forma en que hemos estado interpretando ciertos antecedentes relativos al involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Algunos fenómenos que se vienen observando en los últimos años, como la decreciente participación en elecciones y la falta de identificación con las formas de representatividad política, han sido vistos como señales de distanciamiento de los debates y decisiones que competen al conjunto de la sociedad.  No obstante, las movilizaciones recientes dan cuenta de un escenario en el que, por vías distintas a los canales de participación institucionalizados, el compromiso por causas que trascienden intereses personales emerge y se instala en ámbitos de interés público.

Sin embargo, lo anterior configura un panorama que tensiona la formación ciudadana en al menos dos sentidos opuestos pero complementarios. Una de estas tensiones emerge del hecho de que las categorías que se contemplan para esta formación corresponden principalmente a las formas de participación y representatividad institucionalizadas en el orden político, sin que se otorgue un tratamiento significativo a canales alternativos como el tipo de manifestaciones antes aludidas.

Esto implicaría que la educación escolar no está aportando claves relevantes con respecto al entorno social en el que se insertan los estudiantes ni a ciertas formas de participación que pueden tener lugar dentro de él. Esta es una situación que visualiza la necesidad de ampliar el horizonte de referencia de la formación ciudadana, de manera tal que ella contemple también las formas legítimas de participación que corren por vías alternativas a la política convencional.

Por otra parte, la formación ciudadana se ve tensionada a reforzar la relevancia atribuida a las vías institucionalizadas de participación y decisión, así como la disposición a involucrarse en ellas. El carácter democrático de una sociedad depende en parte importante de esta condición. Se requiere, por lo tanto, de una educación que contribuya a que la insatisfacción que pueda existir hacia estas vías no se transforme en desafección, y que promueva de manera efectiva tanto la comprensión de su relevancia, como la idea de que la superación de sus debilidades pasa, al menos en parte,  por la participación en ellas.

Un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la UAH demostró que la solidaridad es altamente valorada por los chilenos.

Por José Antonio Román Brugnoli* y Sebastián Ibarra González**. *Director Magíster en Psicología Social, Facultad de Psicología, UAH. **Investigador Asociado Área de Psicología Social, Facultad de Psicología, UAH.

¿Tiene la solidaridad alguna relación con la responsabilidad social del Estado y particularmente con las actuales demandas ciudadanas por mayor equidad en la educación? ¿Qué tiene que decir sobre esto la psicología social?

Son interrogantes necesarias en un mes dedicado a la solidaridad. Habitualmente la psicología social ha estudiado acciones vinculadas con la noción de solidaridad, como las conductas desinteresadas de ayuda a otro (altruismo) y las de ayuda recíproca (cooperación).

Sin embargo, fue el psicólogo social y jesuita Ignacio Martín Baró quién consignó a la solidaridad como un tipo particular de acción prosocial: una que contribuye simultáneamente a la responsabilidad colectiva y a la justicia social.

Mientras la primera significación tiende a subrayar el carácter voluntario y ocasional de la acción de ayuda, la noción de solidaridad de Martín Baró permite considerar un tipo de prosocialidad con un sentido mutualista de la responsabilidad y con una dirección política: la justicia social.

Buena parte del debate sobre solidaridad recoge esta tensión entre un sentido altruista (voluntarista) y otro mutualista (responsabilista), e incluye una discusión sobre el rol del Estado como agente responsable de la justicia social y del bien común (solidaridad mutualista) o como responsable de un rol subsidiario en un sistema en que la responsabilidad social se distribuye entre variedad de actores (de solidaridad altruista).

Nuestras investigaciones1 indican que la solidaridad, en un sentido amplio, es altamente valorada por chilenas y chilenos tanto para la vida personal como para una buena vida en sociedad. También reconocen y valoran diferentes formas de solidaridad: la del Estado, en una distribución más justa del ingreso y de las oportunidades; la donación directa de bienes a los más pobres; una solidaridad cotidiana expresada en formas de respeto, cortesía y pequeños favores; las actividades de voluntariado; donaciones pecuniarias mediadas por instituciones y el mercado y una solidaridad de compromiso y acción política.

Frente a la tensión entre una solidaridad de Estado y otra mediada por el mercado, un 43% de los encuestados manifestó altos grados de acuerdo con ambos discursos y solo un 10% mostró bajos niveles de acuerdo con ambos. Un 26% fue selectivo en manifestar un alto grado de acuerdo solo con un discurso de la solidaridad de Estado y un 21% lo explicitó respecto de una solidaridad mediada por el mercado. Así, la solidaridad tiende a concitar, en cualquiera de sus versiones, una amplia aprobación.

En cuanto a la forma en que se concibe la responsabilidad social, entre una variedad de alternativas un 76% de los encuestados eligió al Ministerio de Educación como el primer responsable de resolver el problema de la desigualdad en educación, y un 78% señaló al Estado como el principal responsable de resolver la desigualdad en la distribución del ingreso en Chile.

Finalmente, sobre el rol del Estado en equidad social, el 65% manifestó que el rol del Estado debiera ser aumentar el gasto social vía impuestos, contra un 35% que declaró que el Estado debiera bajar los impuestos aunque esto significara disminuir el gasto social. Respecto de un modelo basado en la competitividad o en la igualdad de oportunidades, un 84% señaló que es obligación del Estado generar igualdad de oportunidades para todos, contra un 16% que planteó que las oportunidades deben ser para los mejores.

La actual demanda social al Estado chileno por equidad en educación es consistente con estos resultados, los que permiten pensar que una respuesta favorable en esta dirección contribuiría positivamente al anhelo de una sociedad chilena solidaria basada en la responsabilidad social y orientada hacia la justicia.

1. Proyecto Fondecyt Nº1090534. Los datos presentados corresponden a una encuesta aplicada a una muestra aleatoria de 934 casos, con un 67% de representatividad nacional urbana y un 58% total país, 95% de confianza y un margen de error de +/-3,5%.

Por Rubén Araya K., Profesor Facultad de Psicología, UAH. Psicólogo y Licenciado en Psicología, Universidad de Chile. Doctor (c) en Psicopatología clínica y psicoanálisis, Universidad de Provence Aix-Marseille I, Francia.

Los impresionantes avances logrados por la medicina reproductiva durante el siglo XX han venido a cambiar la manera en que entendemos la maternidad/paternidad, las relaciones de filiación y la procreación. Hoy en día, conceptos como “control de la natalidad” o “planificación familiar” forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y deben ser tenidos en cuenta por todo sujeto que asume responsablemente su sexualidad y proyecta su vida adulta. De cierto modo, y casi sin darnos cuenta, una buena parte de nuestra capacidad de proyectarnos depende de la posibilidad que tendríamos de controlar nuestra fertilidad. A partir de esto, solemos pensar en la maternidad/paternidad como el resultado de un programa racionalmente establecido que espera la llegada de los hijos al poner fin a la contracepción.

Lamentablemente, esta sensación de control se ve hoy enfrentada al aumento de parejas que recurren a la ciencia porque no pueden tener hijos cuando deciden hacerlo. Algunos autores han llegado incluso a hablar de una epidemia silenciosa de infertilidad que tendría su causa principal en el retardo de la maternidad. Esta perspectiva en muchos casos tiende a culpabilizar a las mujeres, aumenta su sufrimiento y deja de lado el análisis de aspectos sociales, políticos y culturales que determinan la vida moderna.

Una mirada más atenta permite entender cómo es que hoy en día el sufrimiento de muchas parejas que consultan por infertilidad no solo está determinado por la frustración de su deseo de tener hijos, sino también por una profunda sensación de pérdida de control sobre sí mismas, su cuerpo y su deseo sexual. Al contrario de la alta eficiencia alcanzada por los métodos anticonceptivos, las técnicas de procreación asistida muestran aún niveles de éxito moderados que no siempre se condicen con el costo físico, económico y emocional de muchos tratamientos, cuestión que en muchos casos no es tenida en cuenta por quienes, motivados por el dolor y la difusión de los progresos científicos, se confían a la medicina en busca de una solución. Pero la experiencia nos enseña que quienes inician este camino deberán luchar con los mismos grados de incertidumbre que acompañan a quienes buscan procrear por medios naturales.

Cada vez más, el trabajo con pacientes infértiles, igual como ocurre en otras áreas de la medicina contemporánea, debe ir más allá del abordaje de los aspectos físicos y psicológicos tradicionalmente asociados al problema, y comenzar a trabajar sobre la manera en que los sujetos se relacionan con la medicina y su oferta de productos biotecnológicos. Es decir: hay que tener en cuenta la forma en que cada pareja ha llegado a construir su deseo de hijo y su petición de ayuda a la medicina. Esta demanda en muchos casos tiende a ser equiparada con el requerimiento de atención frente a una enfermedad, y en algunas oportunidades hace crisis cuando los sujetos caen en la cuenta de que siguen siendo infértiles a pesar de haber accedido a la maternidad/paternidad; cuestión particularmente sensible en el caso de la donación de gametos. En muchos casos el análisis cuidadoso de esa demanda permitiría evitar expectativas irreales frente a los tratamientos o promover la búsqueda de otras opciones más adecuadas a la realidad de cada pareja. Esta cuestión, en muchos casos, tiene que ver con establecer una diferencia entre la decisión de postergar la maternidad/paternidad y aquella de tener hijos, ya que ambas, si bien pertenecen el mismo ámbito de la existencia, no son el simple reverso de una misma moneda.

Por Irene Salvo Agoglia* y Daniela González Larraín**. *Profesora Facultad de Psicología UAH. Psicóloga, Universidad de Chile. Doctoranda en Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. **Coordinadora del Centro de Atención Psicológica, Universidad Alberto Hurtado. Licenciada en Psicología, UDP. Terapeuta Familiar y de Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar.

“Es señal de sanidad tener sexo con la pareja por lo menos tres veces a la semana”. “Si la niña no hace caso a los padres es porque hay algo que está fallando en esos padres”. “Los jóvenes buscan su identidad, por eso usan tatuajes, no se alarmen por eso”. “La gente que consume droga es porque tiene baja autoestima”.

Día a día, nos vemos enfrentados a la presencia cada vez más frecuente de la Psicología y sus representantes en los medios de comunicación masiva, tanto en sus formatos periodísticos como de ficción en los que el discurso “psi” se instala como referente en el escenario social.

La presencia de profesionales de la Psicología en los medios puede beneficiar o perjudicar tanto a la disciplina como a la audiencia. En primera instancia, si consideramos la creciente demanda de ayuda psicológica y las aún limitadas oportunidades de cobertura existente, la participación mediática podría contribuir a quitar el halo enigmático y hermético del lenguaje disciplinario y, en cierta medida, avanzar hacia la democratización del acceso a la Psicología.

A pesar de lo anterior, los medios exceden y restringen el marco de la disciplina. Los psicólogos que participan en ellos conviven con ideologías, valores, intereses y objetivos muchas veces no coincidentes e incluso opuestos a los propios: muchas veces estarán inmersos en una lógica efectista que apunta al rating. Sus discursos, en cierto sentido, pueden jugar el rol de adoctrinamientos que refuercen ciertos comportamientos o formas de vida más “adecuadas” o “inadecuadas”, constituyendo formas de vigilancia social, autovigilancia y autodisciplinamiento de lo que puede pensarse, sentirse y hacerse en un contexto social determinado.

En cualquier caso, pareciera existir consenso en torno al carácter no terapéutico, y más bien psicoeducativo que deben tener las intervenciones, o del rol de transmisión de conocimientos de acuerdo al estado actual y provisorio de la disciplina. Esto, porque si bien algunos programas de televisión presumen de ser interactivos, tal posibilidad no se concreta en la medida en que el que mira y escucha no es a su vez escuchado, no puede responder y se vuelve anónimo.

Resulta así una comunicación unilateral, no retroalimentada, en la que el psicólogo dirige su opinión hacia un público desconocido, sin saber las características particulares del mismo, lo que hace muy difícil promover la reflexión en un público general. Entonces, ¿es razonable dar indicaciones generales sin conocer nada sobre los antecedentes de la persona? ¿Cuánto bien puede hacer un psicólogo en pocos minutos editados y muchas veces sacados de contexto?

Estas cuestiones son contempladas en la normativa específica expresada en el Artículo 16, del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. (1999), que, entre otros lineamientos, sugiere que la participación mediática de los profesionales se fundamente científicamente, que cumpla con objetivos educativos o divulgativos, que aporte opinión calificada y que se abstenga de efectuar diagnósticos, pronósticos o dar indicaciones terapéuticas. A nuestro entender, los profesionales que estén dispuestos a participar en los medios deberán abstenerse de ofrecer miradas simplistas, deterministas y/o reduccionistas de los fenómenos humanos, y en cambio ayudar a despertar la curiosidad e incentivar la reflexión crítica sobre temas amplios y complejos. Quizá ello implique abrir más preguntas antes que ofrecer soluciones de corte masivo, que
parecen extraídas de leyes universales sobre el comportamiento y la “psiquis” del ser humano. Debemos estar muy conscientes de la posibilidad de que nuestras palabras puedan inducir un daño que es importante evitar.

Más allá de la ineludible consideración de una guía deontológica, resulta fundamental una actitud profesional crítica y la generación de instancias concretas promovidas desde lo gremial y/o académico para reflexionar en conjunto sobre estas cuestiones.

Los desafíos y riesgos que presenta la participación de los psicólogos en los medios no deben sustraernos de la oportunidad de participar en ellos. Podemos representar un aporte al ejercer una función preventiva y promocional de la salud mental (siempre desde una determinada ideología y con una lectura parcial), que permita desmitificar diversas creencias fuertemente instaladas en la cultura.

 Por Marisol del Pozo, Psicóloga y Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile Terapeuta Familiar y de Pareja, Instituto Chileno de Terapia Familiar. Directora Centro de Atención Psicológica, Universidad Alberto Hurtado.

Para los colegios particulares subvencionados o municipalizados, la figura del psicólogo, como recurso ante dificultades de adaptación, conducta o aprendizaje de los estudiantes, es más bien nueva.

Antes de surgir como alternativa, la  respuesta más habitual ante este tipo de dificultades era “falta disciplina”. El niño o adolescente debía incorporar ciertas pautas de comportamiento y, de no alcanzarlas, había que exacerbar las normas disciplinares para que tomara conciencia de su error.

En esta lógica de cómo opera el aprendizaje faltan elementos que han aportado la psiquiatría, la neurología y también la psicología: los distintos ritmos de madurez de los niños, los trastornos de ciertas funciones que dificultan el aprendizaje o la interferencia de trastornos emocionales en el desempeño y adaptación escolar.

Cuando desde un colegio derivan a un niño o joven “al psicólogo”, faltan muchos elementos diagnósticos. Cierto: es imposible para una institución educacional realizar ese tipo de evaluación, y discriminar entre la necesidad del niño o joven y su propia necesidad normativa o de desempeño como institución. Es así como llegan derivaciones complejas de abordar, no necesariamente porque el problema sea particularmente grave, sino porque en la solicitud legítima y explícita del profesor y/o del colegio, viene una serie de demandas implícitas que encubren precariedades del sistema educacional, del sistema de salud, o de otras instituciones.

Entre las consultas  infanto-juveniles que recibimos de colegios, nos encontramos con distintos tipos de complejidades:

Por ejemplo, derivaciones en las que conviven las creencias antiguas con las nuevas respecto de lo que le falta al niño o joven: “le falta  disciplina” y “le falta   comprensión”. Se deriva al psicólogo como instancia de regulación y control superior a la escolar, esperando que el profesional responda a esta doble lógica ambivalente.

También llegan derivaciones en las que las expectativas superan con creces  las posibilidades reales de un proceso terapéutico, como en el caso de algunos retrasos madurativos, que se compensan con el tiempo y con tratamientos de apoyo.

Y recibimos también derivaciones en las que, además de problemas de conducta  por falta de adhesión a las normas,  el niño o joven  comunica a través de ello una falta de convicción respecto de  la educación que está recibiendo.

Con lo anterior quisiera señalar la importancia de no mitificar la consulta al psicólogo. No es el recurso que viene a cubrir falencias de un sistema educacional ni logra responder a todos los mandatos sociales depositados en él.

Hay que resaltar la importancia de coordinar las  derivaciones, para lo cual la posibilidad es poder establecer un dialogo entre la institución “colegio” (y/o profesores) con su lógica, y la institución “Centro de Salud Mental” (y/o psicólogo) también con su lógica.

Esta dimensión del trabajo clínico con niños y jóvenes, derivados desde una demanda que surge inicialmente desde el colegio, es parte de lo que podríamos denominar un abordaje psicosocial en salud mental infanto-juvenil.