El debate sobre la ley Anti Discriminación
Por Fernando Contreras, Psicólogo, PUC. Magíster (DEA) en Ciencias del Trabajo, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesor Facultad de Psicología, UAH.
El largo debate legislativo de la ley anti-discriminación expuso un conjunto de argumentos que nos permiten aprender sobre la discriminación arbitraria y prospectar qué impactos tendrá una ley que la combata.
En primer término se discutió si la ley debe concentrarse en la penalización de los actos discriminatorios o si puede incluir también objetivos preventivos, de reparación e incluso el propósito mayor de eliminar la discriminación. Lo que parece estar detrás de esta discrepancia es una convicción dispar sobre la capacidad de una sociedad para actuar decididamente ante la discriminación arbitraria.
Para algunos se trataría de una parte inevitable de la naturaleza humana, ante la cual el legislador se limita a disponer reacciones oportunas. En este sentido, vale la pena señalar que toda discriminación es un hecho cultural y como tal no puede suponerse inmutable. Evitar del daño producido por la discriminación es, efectivamente, un objetivo plausible.
Otro elemento de interés en el debate fue si es conveniente enumerar las causas de discriminación arbitraria o si en cambio es preferible una definición genérica de modo que sea un tribunal quien las califique en cada caso. Al respecto, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que representan a grupos minoritarios y promueven los derechos humanos, propusieron evidenciar las causas más comunes de discriminación arbitraria, admitiendo al mismo tiempo que ese listado quede abierto. Si bien no sabemos con certeza cuales serán los motivos de discriminación en el futuro, sabemos bastante del presente y disponemos de experiencias comparadas que aconsejan visibilizar los casos más frecuentes. Es un comienzo aconsejable.
En tercer lugar, destaca el proyecto la incorporación de la discriminación arbitraria como acto atentatorio a la dignidad de las personas en el Estatuto Administrativo, tanto para la administración central del Estado como para los municipios. Esto pone la discriminación al mismo nivel que el acoso sexual: prácticas que deben ser evitadas en el lugar de trabajo, lo que mejora la protección de las personas en un ámbito especialmente propicio para los tratos arbitrarios. También apunta en la dirección de dar igual trato a los trabajadores dentro de la heterogeneidad de marcos legales que rigen el empleo público y privado.
Al abordar la consistencia de esta ley con otros cuerpos legales, el proyecto despeja preocupaciones que fundamentan la oposición a sus objetivos, tales como el límite que se impondría a la libertad de expresión o las restricciones a actos que suponen discriminaciones legítimas derivadas de acciones libres de los individuos. Si hay un trato decente entre personas iguales –e incluso la ley puede alentar los actos de discriminación positiva–, no tiene mayor base el temor a una ley de este tipo, del mismo modo que no podría justificarse en la libertad de expresión la publicidad de ideas antidemocráticas: se trata de equilibrar derechos más que de superponer unos a otros.
Finalmente, la discusión legislativa ha permitido poner acento en medidas reparatorias como multas e indemnizaciones, que significan un reconocimiento práctico del perjuicio que vive una persona discriminada injustamente, y no solo un castigo a quien comete discriminación. La discriminación daña realmente, por lo que ese daño debe ser compensado de manera real y eficaz.
La entrada en vigencia de una ley como ésta tiene consecuencias potenciales para el ejercicio profesional de la Psicología: al menos, debemos asegurarnos que trabajos tan habituales como el psicodiagnóstico clínico, la selección de personal, las intervenciones educacionales y comunitarias no constituyan instrumentos de discriminación arbitraria, incluso si no fuese nuestra intención. En el mejor de los casos, la Psicología tiene una responsabilidad con la eliminación de las formas de discriminación arbitraria en todos los espacios sociales en que ella opera.