¿Es posible profesionalizar la cooperación?
Por Fernando Contreras Muñoz,
académico Facultad de Psicología, UAH
sociedad chilena de principios del siglo XXI: hay convicciones abundantes respecto a la necesidad de cambios institucionales, pero están lastradas por una enorme suspicacia capaz de asaltar cualquier propuesta. Diagnósticos numerosos respecto del presente y sus antecedentes históricos, seguidos de cierta perplejidad a la hora de articular ideas para el futuro.
Es como si se tratara de una idea tan enorme que nadie logra llevarla a un enunciado que la traduzca y la especifique, condición para que tenga efectos prácticos. Desde luego, no contamos por el momento con un acuerdo respecto al diseño institucional que nos convendría perseguir. La sociedad chilena espera, tal vez, un liderazgo inspirado que resuelva este problema, aunque es cierto que las figuras carismáticas capaces de sacar la espada enterrada en una piedra no corresponden a la época que vivimos. Desde el Gobierno se propuso el diálogo entre ciudadanos como una vía para romper la inmovilidad y dar cauce a las fuerzas en pugna, respondiendo al mismo tiempo a quienes piden más participación y a quienes advierten los riesgos de sobrepasar las instituciones.
Este punto de partida de los encuentros y cabildos de este año, contradictorio y difícil como se puede apreciar, enmarca la tarea de las personas que cumplieron los roles de facilitar los cabildos, sistematizar sus resultados, y asesorar su desarrollo en materias jurídicas. No se les pidió difundir una idea ni proponer acciones: su tarea fue estimular la cooperación. ¿En qué consiste esa tarea? y, por tanto, ¿cómo escoger a personas competentes para llevarla a cabo?
En las distintas fases (local, provincial y regional) del proceso participativo pueden observarse particularidades significativas, pero en todas ellas la premisa fundamental es que conversar con otros ciudadanos sobre temas constitucionales es posible. Esto implica que, bajo unas ciertas reglas, cualquier grupo de personas sería capaz de acoger la expresión de ideas individuales, ponerlas en común, consolidar acuerdos y desacuerdos, aportando de este modo a un cuerpo de ideas originado colectiva y participativamente. Las tareas requeridas para que un cabildo tuviera eficacia son relativamente simples de describir: explicar al inicio el modo de trabajo a utilizar, abrir la discusión de los temas básicos de la sesión, administrar el tiempo y los turnos para hablar, tomar nota de los aportes y darles un orden lógico, despejar dudas y responder consultas respecto a los conceptos jurídicos y su uso, concluir el diálogo con un acta fiel a lo ocurrido.
Si bien el diseño de los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) contempló que cualquier persona que quisiera asumir los roles de conducción y registro podría hacerlo, los cabildos Provinciales y Regionales optaron por profesionalizar estos roles, escogiendo a facilitadores, sistematizadores y asesores legales mediante los procedimientos concursales del sistema de Alta Dirección Pública. Hay varios motivos detrás de esta decisión, siendo uno de los más importantes la necesidad de dar garantía de neutralidad política en el criterio de selección: si la legitimidad del proceso emana de su apego a la opinión de los ciudadanos participantes, debía evitarse activamente que cualquier grupo de interés capturase el proceso y lo instrumentalizara en su favor. No es muy diferente del principio de mérito que sustenta la selección de altos directivos públicos, aunque el aspecto técnico de los roles señalados no suele considerarse tan seriamente como las tareas directivas en el Estado.
Curiosamente, una de las críticas recibidas por el proceso de selección de los equipos profesionales de los cabildos llevado a cabo a comienzos de año fue que mayoritariamente se trataba de “profesionales de las ciencias sociales, como abogados, antropólogos y sociólogos.” Sería sencillo apuntar que ello se debe a que en los perfiles de cargo publicados se especificó la formación jurídica como requisito en uno de los cargos, mientras en otro se requería formación en las áreas social, humanidades y comunicaciones. En otras palabras, que esos perfiles profesionales eran justamente los que se buscaban, lo que daría cuenta de un reclutamiento eficaz. Pero eso sería esquivar el punto: lo que se señala es que en instancias participativas donde la opinión y posición política de los equipos de facilitadores podrían incidir fuertemente sobre los resultados del diálogo, las profesiones de las ciencias sociales comportarían un sesgo ideológico incompatible con un proceso legítimo.
Veamos entonces esta objeción con más detenimiento: ¿Se requiere una formación en ciencias sociales para facilitar diálogos de esta naturaleza? En principio, no. También hay personas capaces de desempeñar el rol de facilitador en profesiones de la salud, la ingeniería, el arte o la educación. Fortalecer la capacidad individual y grupal para sostener un diálogo razonable no es un contenido que se enseñe de manera privativa en las carreras de ciencias sociales; incluso se puede aceptar que la educación universitaria no tiene esa particularidad frente a otras experiencias formativas o laborales. Lo que cuenta realmente es la destreza para conducir el trabajo grupal sin reemplazar la iniciativa de los participantes.
Entonces, ¿cuáles son las destrezas buscadas? Una muy principal es entender el trabajo conjunto de un grupo como un proceso que puede ser administrado. De esa comprensión se sigue la capacidad
de acompañar sin dirigir mecánicamente ni desentenderse de la conducción. Las profesiones de las ciencias sociales pueden resultar preferibles ante otras formaciones dado el conjunto de procedimientos elaborados para intervenir e investigar problemas humanos usando metodologías y una ética profesional que asignan una importancia crucial a la participación. Si en un futuro esto fuese compartido más ampliamente entre las profesiones, esta preferencia sería injustificada.
Finalmente, es justo preguntarse si debe profesionalizarse la participación y la cooperación ciudadana. La objeción indicaría que para producir la colaboración en grupos, independiente del tema, no hay nada más eficaz que la espontaneidad de la acción colectiva. Pero si así fuera, lo regular ante problemas que requieren sumar ideas e iniciativas -la elaboración de una constitución política es un gran ejemplo de esto- sería encontrar numerosas y diversas experiencias de elaboración colectiva de soluciones usando métodos colaborativos.
El carácter inédito de este trabajo nos dice, por el contrario, que ante la pluralidad de puntos de vista lo normal es recurrir a soluciones expertas, verticales o incluso autoritarias.
Resulta estimulante, por lo mismo, constatar que la cooperación podría aumentar cuando la ciudadanía accede a profesionales calificados en el uso de formas de trabajo que se tomen en serio la
acción colectiva. La formación de este tipo de competencias y el desarrollo de metodologías pertinentes es una responsabilidad que estas profesiones deben asumir.
¿Es posible profesionalizar la cooperación?
Por Fernando Contreras Muñoz,
académico Facultad de Psicología, UAH
sociedad chilena de principios del siglo XXI: hay convicciones abundantes respecto a la necesidad de cambios institucionales, pero están lastradas por una enorme suspicacia capaz de asaltar cualquier propuesta. Diagnósticos numerosos respecto del presente y sus antecedentes históricos, seguidos de cierta perplejidad a la hora de articular ideas para el futuro.
Es como si se tratara de una idea tan enorme que nadie logra llevarla a un enunciado que la traduzca y la especifique, condición para que tenga efectos prácticos. Desde luego, no contamos por el momento con un acuerdo respecto al diseño institucional que nos convendría perseguir. La sociedad chilena espera, tal vez, un liderazgo inspirado que resuelva este problema, aunque es cierto que las figuras carismáticas capaces de sacar la espada enterrada en una piedra no corresponden a la época que vivimos. Desde el Gobierno se propuso el diálogo entre ciudadanos como una vía para romper la inmovilidad y dar cauce a las fuerzas en pugna, respondiendo al mismo tiempo a quienes piden más participación y a quienes advierten los riesgos de sobrepasar las instituciones.
Este punto de partida de los encuentros y cabildos de este año, contradictorio y difícil como se puede apreciar, enmarca la tarea de las personas que cumplieron los roles de facilitar los cabildos, sistematizar sus resultados, y asesorar su desarrollo en materias jurídicas. No se les pidió difundir una idea ni proponer acciones: su tarea fue estimular la cooperación. ¿En qué consiste esa tarea? y, por tanto, ¿cómo escoger a personas competentes para llevarla a cabo?
En las distintas fases (local, provincial y regional) del proceso participativo pueden observarse particularidades significativas, pero en todas ellas la premisa fundamental es que conversar con otros ciudadanos sobre temas constitucionales es posible. Esto implica que, bajo unas ciertas reglas, cualquier grupo de personas sería capaz de acoger la expresión de ideas individuales, ponerlas en común, consolidar acuerdos y desacuerdos, aportando de este modo a un cuerpo de ideas originado colectiva y participativamente. Las tareas requeridas para que un cabildo tuviera eficacia son relativamente simples de describir: explicar al inicio el modo de trabajo a utilizar, abrir la discusión de los temas básicos de la sesión, administrar el tiempo y los turnos para hablar, tomar nota de los aportes y darles un orden lógico, despejar dudas y responder consultas respecto a los conceptos jurídicos y su uso, concluir el diálogo con un acta fiel a lo ocurrido.
Si bien el diseño de los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) contempló que cualquier persona que quisiera asumir los roles de conducción y registro podría hacerlo, los cabildos Provinciales y Regionales optaron por profesionalizar estos roles, escogiendo a facilitadores, sistematizadores y asesores legales mediante los procedimientos concursales del sistema de Alta Dirección Pública. Hay varios motivos detrás de esta decisión, siendo uno de los más importantes la necesidad de dar garantía de neutralidad política en el criterio de selección: si la legitimidad del proceso emana de su apego a la opinión de los ciudadanos participantes, debía evitarse activamente que cualquier grupo de interés capturase el proceso y lo instrumentalizara en su favor. No es muy diferente del principio de mérito que sustenta la selección de altos directivos públicos, aunque el aspecto técnico de los roles señalados no suele considerarse tan seriamente como las tareas directivas en el Estado.
Curiosamente, una de las críticas recibidas por el proceso de selección de los equipos profesionales de los cabildos llevado a cabo a comienzos de año fue que mayoritariamente se trataba de “profesionales de las ciencias sociales, como abogados, antropólogos y sociólogos.” Sería sencillo apuntar que ello se debe a que en los perfiles de cargo publicados se especificó la formación jurídica como requisito en uno de los cargos, mientras en otro se requería formación en las áreas social, humanidades y comunicaciones. En otras palabras, que esos perfiles profesionales eran justamente los que se buscaban, lo que daría cuenta de un reclutamiento eficaz. Pero eso sería esquivar el punto: lo que se señala es que en instancias participativas donde la opinión y posición política de los equipos de facilitadores podrían incidir fuertemente sobre los resultados del diálogo, las profesiones de las ciencias sociales comportarían un sesgo ideológico incompatible con un proceso legítimo.
Veamos entonces esta objeción con más detenimiento: ¿Se requiere una formación en ciencias sociales para facilitar diálogos de esta naturaleza? En principio, no. También hay personas capaces de desempeñar el rol de facilitador en profesiones de la salud, la ingeniería, el arte o la educación. Fortalecer la capacidad individual y grupal para sostener un diálogo razonable no es un contenido que se enseñe de manera privativa en las carreras de ciencias sociales; incluso se puede aceptar que la educación universitaria no tiene esa particularidad frente a otras experiencias formativas o laborales. Lo que cuenta realmente es la destreza para conducir el trabajo grupal sin reemplazar la iniciativa de los participantes.
Entonces, ¿cuáles son las destrezas buscadas? Una muy principal es entender el trabajo conjunto de un grupo como un proceso que puede ser administrado. De esa comprensión se sigue la capacidad
de acompañar sin dirigir mecánicamente ni desentenderse de la conducción. Las profesiones de las ciencias sociales pueden resultar preferibles ante otras formaciones dado el conjunto de procedimientos elaborados para intervenir e investigar problemas humanos usando metodologías y una ética profesional que asignan una importancia crucial a la participación. Si en un futuro esto fuese compartido más ampliamente entre las profesiones, esta preferencia sería injustificada.
Finalmente, es justo preguntarse si debe profesionalizarse la participación y la cooperación ciudadana. La objeción indicaría que para producir la colaboración en grupos, independiente del tema, no hay nada más eficaz que la espontaneidad de la acción colectiva. Pero si así fuera, lo regular ante problemas que requieren sumar ideas e iniciativas -la elaboración de una constitución política es un gran ejemplo de esto- sería encontrar numerosas y diversas experiencias de elaboración colectiva de soluciones usando métodos colaborativos.
El carácter inédito de este trabajo nos dice, por el contrario, que ante la pluralidad de puntos de vista lo normal es recurrir a soluciones expertas, verticales o incluso autoritarias.
Resulta estimulante, por lo mismo, constatar que la cooperación podría aumentar cuando la ciudadanía accede a profesionales calificados en el uso de formas de trabajo que se tomen en serio la
acción colectiva. La formación de este tipo de competencias y el desarrollo de metodologías pertinentes es una responsabilidad que estas profesiones deben asumir.