Las fronteras de la psicoterapia y la reparación: algunas reflexiones
Por Elizabeth Lira K. Decana Facultad de Psicología UAH, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2017.
Soy Ernesto, tengo 27 años. Yo nací en Santiago. A mí me duele un poco conversar todo esto, pero lo hago porque uno viene para acá dispuesto a conversarlo; a veces al encerrarse en uno mismo duele mucho más. Me detuvieron el 11 de septiembre a las tres de la tarde… estuvimos incomunicados en una celda oscura durante 22 días, donde se libró el Consejo de Guerra y no tuvimos derecho a defensa, en absoluto, nada, pura tortura e interrogatorios, torturas e interrogatorios y nada más. Había compañeros enfermos con nosotros, algunos estábamos quebrados. No fuimos llevados al Consejo, no tuvimos derecho a defensa y fuimos condenados a presidio perpetuo. Yo acabo de salir de la cárcel, el sábado en la mañana a las diez y media… (Extracto testimonio, abril 1978)¹.
Han pasado casi 40 años de este registro realizado con un grupo de ex presos políticos que se encontraban tramitando la conmutación de la pena de cárcel por extrañamiento. Obtenida la visa como refugiado en distintos países del mundo se autorizaba su salida, a veces solos, a veces con sus familias. Hasta 1979, países con idiomas desconocidos recibieron a miles que eligieron el exilio, a pesar de su deseo de vivir en Chile, para recuperar su libertad, sus vidas y sus familias.
Un equipo de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales formaban el Programa Médico Psiquiátrico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) desde fines de 1977 y ofrecían un programa de orientación al exilio para esos ex presos políticos y sus familias. El pasado reciente de las terribles experiencias vividas y la futura experiencia de exilio, soñada como la libertad aunque implicaba perder el derecho a vivir en la propia patria, eran los temas de las sesiones realizadas, según los casos, de manera individual, familiar o grupal.
La atención de emergencia inicial dio lugar a otras modalidades acordes con los motivos de consulta de familiares de detenidos desaparecidos y de familiares de ejecutados políticos así como de ex presos políticos que permanecían en el país y sus familias. La mayoría de ellos enfrentaban la imposibilidad de encontrar empleo a raíz de la persecución y la cárcel; tenían condiciones de precariedad material, a veces extrema, viviendo con muchas tensiones y conflictos. Muchos de los consultantes presentaban sintomatología angustiosa y depresiva concordante con las experiencias vividas y las difíciles condiciones de vida posterior. Comunicaban la ruptura de sus proyectos vitales, la pérdida de sus soportes y relaciones sociales y sus inseguras condiciones de sobrevivencia.
La discusión teórica y práctica sobre una conceptualización diagnóstica útil implicó identificar y caracterizar las situaciones represivas específicas y el proceso que se desencadenaba en los sujetos y en las familias, incluyendo aspectos contextuales. La tortura y la desaparición forzada son delitos contra la humanidad. También son experiencias traumáticas. Muchas familias estuvieron expuestas además a la hostilidad y la amenaza constante en barrios, poblaciones o localidades rurales. Muchas personas sufrieron traumas acumulativos durante años. La reacción subjetiva a estas experiencias ha dependido de la singularidad de los recursos de cada persona y de sus límites y carencias; pero también de las condiciones de apoyo y solidaridad recibidas y de las posibilidades de tratamiento psicológico oportuno.
Las políticas estatales de verdad, justicia, reparación y memoria desde 1990 en adelante han tenido como objetivo el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Han sido importantes para restablecer sus derechos. Se han ofrecido servicios de salud y salud mental en el Programa de Reparación Integral de Salud (PRAIS) en el sistema público de salud en todo el país, para las víctimas y sus descendientes desde 1991, continuando y ampliando la experiencia de los equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos que atendieron a las víctimas durante la dictadura. Sin embargo, es imposible ignorar la gran brecha entre el sufrimiento vivido, los atropellos denunciados y la verdad y justicia alcanzada para la mayoría de las víctimas. Las políticas de reparación no pueden compensar la dimensión irreparable asociada a las pérdidas de personas amadas; las separaciones y rupturas en las familias, la pérdida de los medios de subsistencia y la pobreza subsiguiente; la vulnerabilidad como secuela de las experiencias traumáticas; la cronicidad física y emocional de ciertos daños que se manifiestan en enfermedades y dolores de difícil tratamiento; la vivencia de la amenaza y el miedo durante la infancia y los miles de sufrimientos y duelos que han quedado encapsulados en las consultas recurrentes con profesionales de salud mental, causados por crisis vitales o hechos políticos que pueden reactivar un padecimiento de larga data.
Las posibilidades y los límites de las intervenciones terapéuticas han quedado asociados a los efectos emocionales motivados por las intervenciones del Estado, tanto en el reconocimiento de las víctimas como en relación con la impunidad o la sanción judicial de los responsables de estos crímenes. Sin embargo, toda intervención se enfrenta al impacto destructivo de los hechos criminales a lo largo del tiempo, especialmente de la tortura y la desaparición forzada en su doble condición de experiencias traumáticas y delitos contra la humanidad.