El derecho a la educación… de los adultos

Por Renato Moretti, Psicólogo Educacional y Magíster en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Facultad de Psicología, UAH.

En Chile el analfabetismo suele considerarse residual porque ha disminuido sistemáticamente, llegando a situarse en torno a un 4% de la población adulta hacia el año 2000. Sin embargo, el analfabetismo no es un fenómeno absoluto ni homogéneo. Ese 4% oculta desigualdades de alfabetización entre sexos, grupos culturales, niveles socioeconómicos, contextos geográficos y edad. Por ejemplo, según datos del antiguo MIDEPLAN (2004), el porcentaje de personas en situación de analfabetismo aumenta en los grupos de edad mayor. Es decir, en Chile se puede encontrar un número significativamente alto de adultos mayores con bajos niveles de alfabetización, en contraste con una población joven mucho más alfabetizada.

Se puede esgrimir que el aumento paulatino de la cobertura educativa durante el siglo XX, sobre todo entre las clases populares, hizo que los grupos jóvenes estuvieran más alfabetizados que los mayores, por lo tanto es lógico que el analfabetismo haya tendido a persistir sólo en las cohortes de mayor edad. Sin embargo, es necesario recordar que este proceso no tocó a ciertos niños, por ejemplo, los excluidos por dificultades de acceso, por vivir en desprotección, o por estar en condiciones de trabajo infantil. Desde un punto de vista actual, hablamos de “una niñez que no fue niñez”, como señalara una de las entrevistadas de un estudio que reconstruyó las experiencias biográficas de participantes de un programa de alfabetización de adultos[1]. Algunos resultados de esta investigación ilustran que la escasa o nula escolarización de muchas de estas personas se relaciona con sus condiciones de origen socioeconómicas, culturales y geográficas, además de su género y edad. En este sentido, es del todo esperable que el público de un programa de alfabetización de adultos actual esté en tramos de edad próximos a la adultez media y mayor -como fue el caso de la Campaña de Alfabetización y Post-Alfabetización “Contigo Aprendo”-, dado que una parte significativa de este grupo corresponde a niños y jóvenes que vieron pasar la corriente de modernización y masificación escolar desde un costado.

Esta situación merece algunas reflexiones. Por una parte, según UNESCO la alfabetización es un derecho humano implícito en el Derecho Universal a la Educación, e incluso un medio para ejercer otros derechos humanos. Por eso es fundamental que el Estado garantice adecuadamente el Derecho a la Educación, como ha sido la exigencia repetida incansablemente por la ciudadanía durante el año 2011. Aun cuando se puede pensar que la baja o nula alfabetización de un grupo de edad avanzado es un problema acotado y residual, la sociedad y el Estado tienen cuentas pendientes con el Derecho a la Educación de las personas que, por uno u otro motivo, quedaron al margen de la escolarización. Por otra parte, el Derecho a la Educación no es un asunto restringido a la infancia y a la juventud: el sujeto de la educación puede y debe pensarse más allá de su edad escolar, como ocurre con las nociones de Educación Permanente o Aprendizaje a lo Largo de la Vida. En este sentido, los bajos niveles de competencia en lectura y escritura implican tanto una necesidad educativa de ciertos adultos contemporáneos, tanto como su baja escolaridad implica una deuda histórica con la infancia de mediados de siglo XX.

Aquí no se pretende desconocer las medidas que se hayan tomado respecto a la educación de adultos: una consideración razonada y detenida requiere de otro espacio. Solo se quisiera insistir en que los programas de alfabetización para adultos, tanto como los programas educativos en general, implican la satisfacción de necesidades educativas y el aseguramiento de un derecho humano fundamental. En el caso de ciertos adultos, la educación puede pensarse como un acto de justicia intergeneracional, tal como la educación en general puede situarse en la esfera de lo justo para todos.