Las decisiones del gobierno de José Antonio Kast en instancias como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas marcan un giro en la política exterior de Chile en materia de género y derechos LGBTQ+. Expertos advierten que la no adhesión a acuerdos internacionales y el rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet reflejan una estrategia que podría impactar la agenda de derechos humanos y la imagen país.
Hace unos meses anticipábamos que la Administración de José Antonio Kast entraría a meter mano en temas relativos a la agenda de género —promovida por Chile en las últimas administraciones—, así como en los derechos de las personas LGBTQ+. Pese a que, en campaña, no hubo menciones a estos temas, ya una vez siendo presidente electo, Kast en su participación en Bruselas en febrero de este año arremetió contra lo que denominó el feminismo ideológico. En su alocución en dicha ciudad señaló que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.
En marzo, en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el actual gobierno optó por no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ orientado a promover la protección de derechos en la región. Esta decisión, justificada por el gobierno en razones procedimentales, generó inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil chilena.
Días después, el gobierno respaldó en la ONU el debate para restringir el concepto de género solo a hombres y mujeres. Eso sucedió en el contexto del debate en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. En ese debate, el país se alineó bajo el liderazgo de Estados Unidos, acompañado por Pakistán y la República Democrática del Congo, entre otros países, para permitir que se sometiera a votación la propuesta de la Administración Trump, la cual descarta cualquier interpretación del género distinta a hombre o mujer.
Desde el gobierno se justificó la decisión tomada en razones puramente procedimentales, paradójicamente haciendo referencia al avance de reconocimiento de derechos de las personas LGBTQ+, incluyendo la identidad de género. Esta posición en la arena internacional busca restringir la definición de género evitando que las identidades trans pueden ser sujetos de derecho y reconocimiento, buscando retroceder al marco de Beijing. Dicho marco sostiene que el género debe limitarse al marco acordado por la ONU en 1995, evitando interpretaciones que den cabida a las identidades trans.
Las decisiones del gobierno de José Antonio Kast en instancias como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas marcan un giro en la política exterior de Chile en materia de género y derechos LGBTQ+. Expertos advierten que la no adhesión a acuerdos internacionales y el rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet reflejan una estrategia que podría impactar la agenda de derechos humanos y la imagen país.
Hace unos meses anticipábamos que la Administración de José Antonio Kast entraría a meter mano en temas relativos a la agenda de género —promovida por Chile en las últimas administraciones—, así como en los derechos de las personas LGBTQ+. Pese a que, en campaña, no hubo menciones a estos temas, ya una vez siendo presidente electo, Kast en su participación en Bruselas en febrero de este año arremetió contra lo que denominó el feminismo ideológico. En su alocución en dicha ciudad señaló que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.
En marzo, en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el actual gobierno optó por no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ orientado a promover la protección de derechos en la región. Esta decisión, justificada por el gobierno en razones procedimentales, generó inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil chilena.
Días después, el gobierno respaldó en la ONU el debate para restringir el concepto de género solo a hombres y mujeres. Eso sucedió en el contexto del debate en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. En ese debate, el país se alineó bajo el liderazgo de Estados Unidos, acompañado por Pakistán y la República Democrática del Congo, entre otros países, para permitir que se sometiera a votación la propuesta de la Administración Trump, la cual descarta cualquier interpretación del género distinta a hombre o mujer.
Desde el gobierno se justificó la decisión tomada en razones puramente procedimentales, paradójicamente haciendo referencia al avance de reconocimiento de derechos de las personas LGBTQ+, incluyendo la identidad de género. Esta posición en la arena internacional busca restringir la definición de género evitando que las identidades trans pueden ser sujetos de derecho y reconocimiento, buscando retroceder al marco de Beijing. Dicho marco sostiene que el género debe limitarse al marco acordado por la ONU en 1995, evitando interpretaciones que den cabida a las identidades trans.