El caso Ámbar: Un país en la oscuridad

Columna de opinión de Javiera Navarro y María José de la Maza publicada en El Mostrador el 12 de agosto de 2020


Pareciera que en Chile viviéramos en una época de continuas sorpresas: Desde el “no lo vimos venir” de octubre de 2019 hasta la apuesta por un “retorno seguro” en mayo 2020. Esto deja muchas veces la sensación de que camináramos a ciegas, por parajes oscuros, sin poder usar los conocimientos que la ciencia y las humanidades nos entregan.

El asesinato de Ámbar pareciera poner sobre la mesa una vez más esta sensación de vivir en un país improvisado, donde nos llega como una sorpresa aquello que activamente nos hemos empeñado en desconocer. Una niña de sólo 16 años es encontrada, después de 9 días de búsqueda, muerta y su cuerpo fragmentado en tres partes, enterrado “cuidadosamente” en la casa de su madre. La crudeza del caso impacta a la opinión pública y refuerza en los chilenos la sensación de habitar en un territorio salvaje e indolente, como si la negligencia y la inoperancia fuesen el “sello país”. A este oscuro panorama, queremos aportar algunas luces que permitan hacer distinciones. En Chile se hace investigación: así como hay cientistas sociales a quienes no sorprendió del todo el estallido de octubre, existen profesionales de la salud mental formados de manera rigurosa en psicodiagnóstico, psicología y psiquiatría forense, para quienes el asesinato de Ámbar no fue una sorpresa.

Sin duda, este caso será analizado desde diversas perspectivas que tienen mucho que aportar, como la desprotección vergonzosa de los niños en Chile y la perspectiva de género, que en los últimos años no se ha cansado de exigir justicia para las mujeres. Sin embargo, nosotras queremos aportar desde nuestro quehacer, como peritos psicólogas con amplia experiencia en el ámbito forense y que en nuestra trayectoria pudimos conocer desde dentro el sistema chileno y aprender del funcionamiento de otros sistemas forenses en diferentes países.

Desde esas experiencias queremos poner en el debate tres puntos. Primero, el señor Bustamante, en el contexto de la anterior condena por homicidio doble (de su pareja y el hijo de 9 años de ella) fue evaluado el año 2005. Los peritajes consignaron que se trataba de un trastorno de personalidad antisocial, una psicopatía específica que se caracteriza entre otras cosas, por la frialdad afectiva, ausencia de empatía y peligrosidad. Este es un trastorno que se aleja por mucho del delinquir habitual, de muy baja incidencia en la población general, y que hasta lo que hoy se conoce dentro de la disciplina, no tiene tratamiento. En ese minuto los expertos expresaron que Bustamante pertenecía a este pequeño grupo altamente peligroso. El sistema lo tenía preso e identificado y se requería que el Estado protegiera a su entorno (y a él mismo) de las consecuencias asociadas a su forma de funcionamiento. Esto, en otras partes del mundo, significa tutelaje del Estado de por vida.

Segundo, el equipo jurídico que le otorgó la libertad condicional el año 2016 (luego de 11 años de presidio) tuvo acceso a los expedientes, a los antecedentes y pericias realizadas, así como a un informe de Gendarmería que en este caso era negativo, recomendando no otorgar este beneficio al imputado. Todo el conocimiento experto estaba a su vista y no fue considerado, ya sea por desprolijidad y negligencia (no leyeron los antecedentes antes de firmar el beneficio) o, conociendo dicha información, parecieran haber desechado el conocimiento de los peritos. Acá había un sistema judicial funcionando, en muchas áreas débil y perfectible, pero en lo que se refiere al “saber” respecto al funcionamiento de ciertos tipos de personalidad, se tenían herramientas útiles que no se utilizaron. Se incorporó el caso al grupo general, perdiéndose la capacidad de distinguir.

Finalmente, es evidente que, en cargos de alta autoridad, quien toma una decisión debe poder dar cuenta de las consecuencias de ella. Esa es la única forma que ésta sea tomada con la rigurosidad y cautela que amerita, respetando las opiniones profesionales sólidamente fundamentadas.  Del caso se desprende que en Chile no existe accountability (responsabilidad y rendición de cuenta por las decisiones que se toman). ¿Cómo los jueces se hacen cargo de una decisión errada con tan graves consecuencias? ¿A quiénes dan cuenta?

Estamos lejos de caer en las soluciones simplistas encaminadas a aumentar las penas o el número de cárceles, y, nos preocupa la idea de una comunidad que crea en “la justicia por las propias manos”.  Creemos que el sistema debe utilizar los conocimientos de la psicología forense y la justicia restaurativa. Esto apunta a que es el Estado el que debe proteger a los ciudadanos, primero a los más vulnerables, pero también a los que cometen delitos.

El señor Bustamante salió de la cárcel una noche de abril del 2016, nadie lo esperaba, tomó un colectivo con rumbo a su viejo barrio en Villa Alemana, sin ninguna protección del Estado. Por otro lado, sus víctimas y vecinos nunca fueron advertidos de su regreso, causando entre éstos tal estado de pánico, que a los niños se les prohibió salir a jugar a la calle desde su regreso. Cuando las cosas se hacen así desconociendo lo que se ha avanzado en el manejo de riesgos, desechando el conocimiento y criterio experto, no haciéndose las distinciones mencionadas, la oscuridad se instala y las sorpresas en general anuncian el desastre.


Puedes leer esta columna de opinión directamente en El Mostrador aquí: Leer columna Caso Ámbar

El caso Ámbar: Un país en la oscuridad

Columna de opinión de Javiera Navarro y María José de la Maza publicada en El Mostrador el 12 de agosto de 2020


Pareciera que en Chile viviéramos en una época de continuas sorpresas: Desde el “no lo vimos venir” de octubre de 2019 hasta la apuesta por un “retorno seguro” en mayo 2020. Esto deja muchas veces la sensación de que camináramos a ciegas, por parajes oscuros, sin poder usar los conocimientos que la ciencia y las humanidades nos entregan.

El asesinato de Ámbar pareciera poner sobre la mesa una vez más esta sensación de vivir en un país improvisado, donde nos llega como una sorpresa aquello que activamente nos hemos empeñado en desconocer. Una niña de sólo 16 años es encontrada, después de 9 días de búsqueda, muerta y su cuerpo fragmentado en tres partes, enterrado “cuidadosamente” en la casa de su madre. La crudeza del caso impacta a la opinión pública y refuerza en los chilenos la sensación de habitar en un territorio salvaje e indolente, como si la negligencia y la inoperancia fuesen el “sello país”. A este oscuro panorama, queremos aportar algunas luces que permitan hacer distinciones. En Chile se hace investigación: así como hay cientistas sociales a quienes no sorprendió del todo el estallido de octubre, existen profesionales de la salud mental formados de manera rigurosa en psicodiagnóstico, psicología y psiquiatría forense, para quienes el asesinato de Ámbar no fue una sorpresa.

Sin duda, este caso será analizado desde diversas perspectivas que tienen mucho que aportar, como la desprotección vergonzosa de los niños en Chile y la perspectiva de género, que en los últimos años no se ha cansado de exigir justicia para las mujeres. Sin embargo, nosotras queremos aportar desde nuestro quehacer, como peritos psicólogas con amplia experiencia en el ámbito forense y que en nuestra trayectoria pudimos conocer desde dentro el sistema chileno y aprender del funcionamiento de otros sistemas forenses en diferentes países.

Desde esas experiencias queremos poner en el debate tres puntos. Primero, el señor Bustamante, en el contexto de la anterior condena por homicidio doble (de su pareja y el hijo de 9 años de ella) fue evaluado el año 2005. Los peritajes consignaron que se trataba de un trastorno de personalidad antisocial, una psicopatía específica que se caracteriza entre otras cosas, por la frialdad afectiva, ausencia de empatía y peligrosidad. Este es un trastorno que se aleja por mucho del delinquir habitual, de muy baja incidencia en la población general, y que hasta lo que hoy se conoce dentro de la disciplina, no tiene tratamiento. En ese minuto los expertos expresaron que Bustamante pertenecía a este pequeño grupo altamente peligroso. El sistema lo tenía preso e identificado y se requería que el Estado protegiera a su entorno (y a él mismo) de las consecuencias asociadas a su forma de funcionamiento. Esto, en otras partes del mundo, significa tutelaje del Estado de por vida.

Segundo, el equipo jurídico que le otorgó la libertad condicional el año 2016 (luego de 11 años de presidio) tuvo acceso a los expedientes, a los antecedentes y pericias realizadas, así como a un informe de Gendarmería que en este caso era negativo, recomendando no otorgar este beneficio al imputado. Todo el conocimiento experto estaba a su vista y no fue considerado, ya sea por desprolijidad y negligencia (no leyeron los antecedentes antes de firmar el beneficio) o, conociendo dicha información, parecieran haber desechado el conocimiento de los peritos. Acá había un sistema judicial funcionando, en muchas áreas débil y perfectible, pero en lo que se refiere al “saber” respecto al funcionamiento de ciertos tipos de personalidad, se tenían herramientas útiles que no se utilizaron. Se incorporó el caso al grupo general, perdiéndose la capacidad de distinguir.

Finalmente, es evidente que, en cargos de alta autoridad, quien toma una decisión debe poder dar cuenta de las consecuencias de ella. Esa es la única forma que ésta sea tomada con la rigurosidad y cautela que amerita, respetando las opiniones profesionales sólidamente fundamentadas.  Del caso se desprende que en Chile no existe accountability (responsabilidad y rendición de cuenta por las decisiones que se toman). ¿Cómo los jueces se hacen cargo de una decisión errada con tan graves consecuencias? ¿A quiénes dan cuenta?

Estamos lejos de caer en las soluciones simplistas encaminadas a aumentar las penas o el número de cárceles, y, nos preocupa la idea de una comunidad que crea en “la justicia por las propias manos”.  Creemos que el sistema debe utilizar los conocimientos de la psicología forense y la justicia restaurativa. Esto apunta a que es el Estado el que debe proteger a los ciudadanos, primero a los más vulnerables, pero también a los que cometen delitos.

El señor Bustamante salió de la cárcel una noche de abril del 2016, nadie lo esperaba, tomó un colectivo con rumbo a su viejo barrio en Villa Alemana, sin ninguna protección del Estado. Por otro lado, sus víctimas y vecinos nunca fueron advertidos de su regreso, causando entre éstos tal estado de pánico, que a los niños se les prohibió salir a jugar a la calle desde su regreso. Cuando las cosas se hacen así desconociendo lo que se ha avanzado en el manejo de riesgos, desechando el conocimiento y criterio experto, no haciéndose las distinciones mencionadas, la oscuridad se instala y las sorpresas en general anuncian el desastre.


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