El anhelo de la corresponsabilidad
El Proyecto de Permiso Postnatal Parental que se discute en el congreso no debe ser visto como un “favor” que los padres podrían hacerle a las madres, sino como un cambio en la concepción social del cuidado de los hijos.
Por Verónica Gubbins Foxley, Directora Magíster Psicología Educacional, Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado. Master of Arts en Psicosociología, Universidad Católica de Lovaina. Doctora (c) en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Hoy ya se encuentra en debate parlamentario el proyecto de ley que crea el permiso postnatal parental. Este propone extender el permiso actualmente vigente de tres meses a seis. Aunque se trata de uno de los beneficios más largos de Latinoamérica, el Estado chileno busca profundizar el resguardo de un interés superior: el cuidado del niño y la niña y en consecuencia su salud mental y desarrollo integral futuros; además, considera la valoración social de la maternidad y el apoyo a la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Se quiere reconocer, además, la importancia de la figura paterna y su participación activa en el cuidado temprano de los hijos e hijas (incluidos los adoptados). Para ello el proyecto conserva el derecho de los padres a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo e incluye la consideración de que seis de las últimas doce semanas —lo que abarca el tiempo de permiso postnatal— puedan ser usadas por el padre a elección de la madre. Ella es la primera beneficiaria de esta propuesta.
La encuesta “Voz de mujer” señalaba en 2010 que el 92,1% de las mujeres (87,9 % del primer quintil de ingresos y 93,8% del quinto quintil) creía que la dedicación del padre o la madre es igualmente importante, tanto para el desarrollo del aprendizaje como de los afectos de los hijos1. No obstante, la realidad muestra que en la mayor parte de los hogares chilenos ello no es así. Las mujeres destinan más tiempo que los hombres a los quehaceres del hogar y al cuidado de la familia. Y esto es así aunque ellas estén insertas en el mercado laboral. Pese a que hoy las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado, no se ha generado un proceso de cambio similar en la redistribución de la carga de las tareas domésticas, las cuales se han incrementado a la par del envejecimiento de la población y la profesionalización de los cuidados.
De allí la relevancia de que el Estado se haga parte en instalar medidas que incentiven la corresponsabilidad del cuidado de la infancia entre hombres y mujeres. Este proyecto constituye un gran aporte para estos efectos. No obstante el valor de esta señal pública, en lo que respecta a la necesidad de un cambio cultural del rol social de hombres y mujeres en el mundo público y la familia, esta propuesta adolece de algunas ambigüedades que, en beneficio de su efectividad, debieran ser abordadas por el legislador.
En primer lugar, y aunque las mujeres valoren una mayor dedicación de los padres al cuidado de sus hijos e hijas, el imaginario aún refuerza la idea que es la madre la principal responsable del cuidado de los niños y niñas. Así lo demuestran las cifras del “Barómetro Comunidad Mujer 2008”, que señala que un 58% de las mujeres inactivas del nivel socioeconómico alto y un 72% del nivel bajo cree que los hijos están mejor con sus madres que con cualquier otra persona. Otro estudio, realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2006, muestra que el 49% de los encuestados asevera que es mejor para la familia si el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa.
¿Cómo aseguramos, entonces, que las mujeres contribuirán efectivamente a la transferencia del permiso al padre de sus hijos e hijas si esta creencia se encuentra tan arraigada en nuestra cultura femenina? Falta algún incentivo adicional para que la corresponsabilidad se haga realmente efectiva. El proyecto señala en su artículo 197 bis, que la base del cálculo del subsidio que origine el permiso no podrá exceder a la cantidad equivalente a 30 unidades de fomento y que la determinación de su monto considerará siempre las remuneraciones de la madre. Esta afirmación trae consigo dos obstáculos más. Se rebaja el subsidio de un tope máximo de 60 UF actualmente vigente, a 30 UF. Si a esto le sumamos que las mujeres perciben como promedio un 30% menos del total de la remuneración de un varón con mismo cargo y función, habrá que ver cuántos padres estarán dispuestos a ver reducido su subsidio si este se calcula en base a la remuneración de su pareja. La transferencia del permiso a los varones no resultará
muy atractiva para los hombres ni para las mujeres.
Lo que trasunta a esta propuesta son razones económicas, más que un genuino interés por un mayor involucramiento corresponsable de padres y madres en el cuidado temprano de sus hijos e hijas. Corresponsabilidad no significa “ayudar” a la madre. Se trata de una noción más compleja que refiere a deseos, disposiciones, tiempo y especialmente condiciones para un ejercicio igualitario de la función de cuidado entre hombres y mujeres. La igualdad tampoco quiere aludir a una equivalencia en términos de cantidad de tareas, sino más bien de favorecer deseos profundos de vincularse a los hijos e hijas al comienzo de su vida y durante todo lo largo de su trayectoria vital. Transferir un permiso al padre no debiera ser tomado como un favor que la madre le pide al padre de sus hijos para seguir consolidando su trayectoria laboral, sino como expresión de una convicción social. A saber, que la concepción de un hijo o hija por sí solo trae consigo la necesidad vital de hombres y mujeres de cuidarlos y protegerlos. Validada esta concepción social, el Estado no debiera más que hacerse cargo de asegurar las mejores condiciones para que esta sea ejercida.
Si esto es así, esperaríamos, al menos, que el proyecto incorpore la obligatoriedad que tanto madre como padre trabajadores reciban un permiso parental equivalente manteniendo el tope actual de 60 UF y el cálculo del subsidio en base a la remuneración imponible de cada uno por igual2. Habrá que confiar en la sensatez y el sentido común de nuestros legisladores para que el anhelo de la corresponsabilidad no termine siendo un juego sintáctico que no haga más que seguir reforzando la inequidad actual en el desempeño de las obligaciones parentales.
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