Docente del Diplomado herramientas para la gestión y promoción de ambientes laborales saludables publica columna sobre subreporte de accidentes
Rodrigo Finkelstein revela en su artículo cómo la práctica del subreporte se ha convertido en el ‘Plan A’ para muchas empresas chilenas, destacando la necesidad de reformas estructurales para abordar esta problemática sistémica y mejorar la seguridad y el bienestar en los entornos laborales.
En el artículo de El Mostrador del 8 de marzo titulado Exgerente contralor de Tecno Fast denuncia “Plan B” para ocultar sus accidentes laborales se detalla el modus operandi de no reportar accidentes laborales para evitar un alza en la cotización. Lo que en este artículo se detalla como “Plan B” o una anomalía es en realidad el “Plan A” de la mayoría de las grandes empresas. En Chile, el subreporte de accidentes del trabajo no es una excepción sino una regla, una práctica habitual amparada por los
mismos organismos administradores (Achs, Museg, IST, ISL). Se trabaja con ardor y rigurosidad para subreportar. Incluso se publicita. Todos hemos visto en alguna oportunidad los letreros emplazados en los accesos de las empresas para promocionar la cantidad de días sin accidentes. “Llevamos 1.000 días sin accidentes”, se lee en estos letreros. Pero estos debieran decir “Llevamos 1.000 días sin accidentes reportados”.
El subreporte no es un problema individual como se plantea en el artículo mencionado sino un déficit estructural del modelo chileno. Existen tres causas estructurales que gatillan el subreporte: (a) incentivos económicos paradójicos, (b) conflicto de intereses y (c) un Estado capturado por una radicalización de mercado y una fiscalización insuficiente.
Primero, la estructura de financiamiento del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo estimula a las empresas a subreportar. A cargo del empleador, el seguro se financia mediante una cotización básica o fija del 0,9% y una cotización adicional o variable no superior al 3,4%. La cotización básica o fija, que representa el costo solidario del modelo, es independiente de la ocurrencia de accidentes, enfermedades y fatalidades. Todas las empresas deben pagar de forma solidaria el 0,9% de las remuneraciones imponibles. Por otro lado, la cotización adicional o variable, que representa el costo individual del modelo, es dependiente de la ocurrencia de accidentes, enfermedades y fatalidades en cada empresa. Sólo aquellas empresas que experimentan accidentes, enfermedades y fatalidades deben pagar la cotización adicional o variable.
Al respecto, la idea primogénita de la cotización adicional era incentivar a las empresas a realizar actividades de prevención para reducir el costo total del seguro. Teóricamente, los incentivos económicos individuales estimularían a las empresas a proteger a sus trabajadoras y trabajadores de los accidentes y las enfermedades del trabajo para reducir el costo del seguro. Lamentablemente, esto no ocurre.
Las empresas tienden a subreportar en vez de realizar actividades de prevención. Existe bastante investigación internacional que demuestra que la cotización variable no se traduce en más y mejor prevención, sino, en subreportes o lo que en el mundo anglosajón se conoce como “claim management practices”, es decir, la gestión de denuncias a través de la vía administrativa para reducir el costo del seguro. Esto ocurre con especial virulencia cuando la porción variable del costo del seguro es superior a la porción solidaria, como precisamente ocurre con el modelo chileno.
Según la investigación internacional, el “claim management” puede tomar muchas formas, incluyendo subreportes, subregistros (registrar accidentes del trabajo como accidentes de trayecto que no impactan la cotización), policlínicos in situ, el desvío de los(as) trabajadores(as) accidentados(as) a centros médicos privados, subcalificar accidentes laborales como comunes, dar altas inmediatas, medicina express estimulada por indicadores de gestión (días de tratamiento), no contabilizar días perdidos, bonos y estímulos de seguridad, apelaciones injustificadas, y en fin, una artillería de medidas que no resultan en mejor salud para las y los trabajadores sino en un menor costo del seguro para los empleadores.
Segundo, frente al fenómeno del subreporte los organismos administradores (Achs, Museg, IST, ISL) no sólo actúan como cómplices pasivos sino que lo estimulan directa e indirectamente mediante sus procesos, objetivos e indicadores de gestión. Esto ocurre porque los objetivos económicos de los organismos administradores favorecen los intereses de los empleadores y no el de las y los trabajadores.
La reducción del tratamiento promedio, de días perdidos, del valor del día perdido, la tasa de accidentes, de subsidios, de indemnizaciones, para citar algunos indicadores de gestión, permiten reducir el valor del seguro, pero no necesariamente mejorar la entrega de beneficios médicos y económicos a la fuerza laboral de accidentados(as). ¿En qué beneficia a un(a) trabajador(a) tener menos días de reposo o ver reducido su subsidio o indemnización? En nada.
Aquí estamos frente a un clásico caso de conflicto de intereses: intereses empresariales versus intereses de las y los trabajadores. Veamos un ejemplo. Los organismos administradores tienden subcalificar los accidentes y las enfermedades del trabajo como estrategia para controlar el costo del seguro. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, en el 2022 tan sólo el 32% de las enfermedades mentales denunciadas fueron calificadas como de origen laboral. En el caso de las enfermedades musculoesqueléticas el panorama fue aún más sombrío, tan sólo el 10% de estas fueron calificadas como de origen laboral. El problema de las subcalificaciones es que generan subprestaciones médicas y económicas, es decir, impiden que las y los trabajadores gocen de los beneficios médicos y económicos (subsidios, indemnizaciones, pensiones) que por ley les corresponden, transfiriendo los costos hacia los planes individuales y el sistema de salud común. Pero para los empleadores, las subcalificaciones son bienvenidas, porque abaratan el costo del seguro. Como se puede apreciar, el conflicto de intereses está enquistado en el modelo chileno.
Tercero y último, el modelo chileno descansa sobre un mecanismo de regulación neoliberal que supone que la libre competencia y los incentivos económicos son suficientes para asegurar el buen funcionamiento del seguro. No es necesario que el Estado intervenga, regule ni sancione con decisión ya que los incentivos económicos aseguran la eficiente distribución de las prestaciones médicas y económicas, y al mismo, la disminución progresiva la tasa de accidentabilidad y el costo del seguro. Pero como ya vimos, el sistema funciona de manera paradójica. Ciertamente la tasa de accidentabilidad y el costo del seguro descienden, pero no porque se prevengan efectivamente los accidentes y las enfermedades del trabajo, sino, porque se subreportan, se subregistran, se subcalifican, se desvían a centros privados, se dan altas inmediatas, y en fin, una serie maniobras poco éticas. Si bien la Superintendencia de Seguridad Social tiene entre sus funciones fiscalizar a las Mutuales, en la práctica no dispone del personal ni de los recursos para hacerlo eficazmente. La Superintendencia de Seguridad Social está capturada por una radicalización de mercado, inhabilitada de funcionar adecuadamente como ente regulador y fiscalizador. Gracias a esta captura ideológica, el terreno de juego queda libre para que las dinámicas del libre mercado y sus incentivos económicos operen en detrimento de los intereses de las y los trabajadores.
¿Cómo solucionar el tema de los subreportes? ¿Cómo eliminar el “Plan A” de las empresas? Aquí no sirven las recetas sencillas, es necesario enfocarse en la estructura del sistema chileno mediante la eliminación de los incentivos paradójicos, la exclusión de los organismos administradores de aquellos procesos que implican conflicto de intereses (sistema de reportes y calificaciones) y la emancipación del libertinaje de mercado mediante la asignación de mayores recursos y atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social para regular y fiscalizar eficientemente el funcionamiento del seguro. Sólo entonces será legítimo para las empresas colocar letreros para promocionar la cantidad de días sin accidentes.
Por Rodrigo Finkelstein, docente del diplomado herramientas para la gestión y promoción de ambientes laborales saludables, Universidad Alberto Hurtado. Autor de libros sobre seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Revisa la publicación original en RH Management.
Docente del Diplomado herramientas para la gestión y promoción de ambientes laborales saludables publica columna sobre subreporte de accidentes
Rodrigo Finkelstein revela en su artículo cómo la práctica del subreporte se ha convertido en el ‘Plan A’ para muchas empresas chilenas, destacando la necesidad de reformas estructurales para abordar esta problemática sistémica y mejorar la seguridad y el bienestar en los entornos laborales.
En el artículo de El Mostrador del 8 de marzo titulado Exgerente contralor de Tecno Fast denuncia “Plan B” para ocultar sus accidentes laborales se detalla el modus operandi de no reportar accidentes laborales para evitar un alza en la cotización. Lo que en este artículo se detalla como “Plan B” o una anomalía es en realidad el “Plan A” de la mayoría de las grandes empresas. En Chile, el subreporte de accidentes del trabajo no es una excepción sino una regla, una práctica habitual amparada por los
mismos organismos administradores (Achs, Museg, IST, ISL). Se trabaja con ardor y rigurosidad para subreportar. Incluso se publicita. Todos hemos visto en alguna oportunidad los letreros emplazados en los accesos de las empresas para promocionar la cantidad de días sin accidentes. “Llevamos 1.000 días sin accidentes”, se lee en estos letreros. Pero estos debieran decir “Llevamos 1.000 días sin accidentes reportados”.
El subreporte no es un problema individual como se plantea en el artículo mencionado sino un déficit estructural del modelo chileno. Existen tres causas estructurales que gatillan el subreporte: (a) incentivos económicos paradójicos, (b) conflicto de intereses y (c) un Estado capturado por una radicalización de mercado y una fiscalización insuficiente.
Primero, la estructura de financiamiento del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo estimula a las empresas a subreportar. A cargo del empleador, el seguro se financia mediante una cotización básica o fija del 0,9% y una cotización adicional o variable no superior al 3,4%. La cotización básica o fija, que representa el costo solidario del modelo, es independiente de la ocurrencia de accidentes, enfermedades y fatalidades. Todas las empresas deben pagar de forma solidaria el 0,9% de las remuneraciones imponibles. Por otro lado, la cotización adicional o variable, que representa el costo individual del modelo, es dependiente de la ocurrencia de accidentes, enfermedades y fatalidades en cada empresa. Sólo aquellas empresas que experimentan accidentes, enfermedades y fatalidades deben pagar la cotización adicional o variable.
Al respecto, la idea primogénita de la cotización adicional era incentivar a las empresas a realizar actividades de prevención para reducir el costo total del seguro. Teóricamente, los incentivos económicos individuales estimularían a las empresas a proteger a sus trabajadoras y trabajadores de los accidentes y las enfermedades del trabajo para reducir el costo del seguro. Lamentablemente, esto no ocurre.
Las empresas tienden a subreportar en vez de realizar actividades de prevención. Existe bastante investigación internacional que demuestra que la cotización variable no se traduce en más y mejor prevención, sino, en subreportes o lo que en el mundo anglosajón se conoce como “claim management practices”, es decir, la gestión de denuncias a través de la vía administrativa para reducir el costo del seguro. Esto ocurre con especial virulencia cuando la porción variable del costo del seguro es superior a la porción solidaria, como precisamente ocurre con el modelo chileno.
Según la investigación internacional, el “claim management” puede tomar muchas formas, incluyendo subreportes, subregistros (registrar accidentes del trabajo como accidentes de trayecto que no impactan la cotización), policlínicos in situ, el desvío de los(as) trabajadores(as) accidentados(as) a centros médicos privados, subcalificar accidentes laborales como comunes, dar altas inmediatas, medicina express estimulada por indicadores de gestión (días de tratamiento), no contabilizar días perdidos, bonos y estímulos de seguridad, apelaciones injustificadas, y en fin, una artillería de medidas que no resultan en mejor salud para las y los trabajadores sino en un menor costo del seguro para los empleadores.
Segundo, frente al fenómeno del subreporte los organismos administradores (Achs, Museg, IST, ISL) no sólo actúan como cómplices pasivos sino que lo estimulan directa e indirectamente mediante sus procesos, objetivos e indicadores de gestión. Esto ocurre porque los objetivos económicos de los organismos administradores favorecen los intereses de los empleadores y no el de las y los trabajadores.
La reducción del tratamiento promedio, de días perdidos, del valor del día perdido, la tasa de accidentes, de subsidios, de indemnizaciones, para citar algunos indicadores de gestión, permiten reducir el valor del seguro, pero no necesariamente mejorar la entrega de beneficios médicos y económicos a la fuerza laboral de accidentados(as). ¿En qué beneficia a un(a) trabajador(a) tener menos días de reposo o ver reducido su subsidio o indemnización? En nada.
Aquí estamos frente a un clásico caso de conflicto de intereses: intereses empresariales versus intereses de las y los trabajadores. Veamos un ejemplo. Los organismos administradores tienden subcalificar los accidentes y las enfermedades del trabajo como estrategia para controlar el costo del seguro. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, en el 2022 tan sólo el 32% de las enfermedades mentales denunciadas fueron calificadas como de origen laboral. En el caso de las enfermedades musculoesqueléticas el panorama fue aún más sombrío, tan sólo el 10% de estas fueron calificadas como de origen laboral. El problema de las subcalificaciones es que generan subprestaciones médicas y económicas, es decir, impiden que las y los trabajadores gocen de los beneficios médicos y económicos (subsidios, indemnizaciones, pensiones) que por ley les corresponden, transfiriendo los costos hacia los planes individuales y el sistema de salud común. Pero para los empleadores, las subcalificaciones son bienvenidas, porque abaratan el costo del seguro. Como se puede apreciar, el conflicto de intereses está enquistado en el modelo chileno.
Tercero y último, el modelo chileno descansa sobre un mecanismo de regulación neoliberal que supone que la libre competencia y los incentivos económicos son suficientes para asegurar el buen funcionamiento del seguro. No es necesario que el Estado intervenga, regule ni sancione con decisión ya que los incentivos económicos aseguran la eficiente distribución de las prestaciones médicas y económicas, y al mismo, la disminución progresiva la tasa de accidentabilidad y el costo del seguro. Pero como ya vimos, el sistema funciona de manera paradójica. Ciertamente la tasa de accidentabilidad y el costo del seguro descienden, pero no porque se prevengan efectivamente los accidentes y las enfermedades del trabajo, sino, porque se subreportan, se subregistran, se subcalifican, se desvían a centros privados, se dan altas inmediatas, y en fin, una serie maniobras poco éticas. Si bien la Superintendencia de Seguridad Social tiene entre sus funciones fiscalizar a las Mutuales, en la práctica no dispone del personal ni de los recursos para hacerlo eficazmente. La Superintendencia de Seguridad Social está capturada por una radicalización de mercado, inhabilitada de funcionar adecuadamente como ente regulador y fiscalizador. Gracias a esta captura ideológica, el terreno de juego queda libre para que las dinámicas del libre mercado y sus incentivos económicos operen en detrimento de los intereses de las y los trabajadores.
¿Cómo solucionar el tema de los subreportes? ¿Cómo eliminar el “Plan A” de las empresas? Aquí no sirven las recetas sencillas, es necesario enfocarse en la estructura del sistema chileno mediante la eliminación de los incentivos paradójicos, la exclusión de los organismos administradores de aquellos procesos que implican conflicto de intereses (sistema de reportes y calificaciones) y la emancipación del libertinaje de mercado mediante la asignación de mayores recursos y atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social para regular y fiscalizar eficientemente el funcionamiento del seguro. Sólo entonces será legítimo para las empresas colocar letreros para promocionar la cantidad de días sin accidentes.
Por Rodrigo Finkelstein, docente del diplomado herramientas para la gestión y promoción de ambientes laborales saludables, Universidad Alberto Hurtado. Autor de libros sobre seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Revisa la publicación original en RH Management.