Magdalena Ahumada por adjudicación de fondo de investigación SUSESO: “En Chile hay datos que nos muestran que estar expuestos a violencia laboral aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de padecer problemas de salud mental”
La Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado inició octubre con una gran noticia: el proyecto “Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público: un aporte a la implementación de la Ley Karin” formulado por Magdalena Ahumada y Fernando Contreras, ambos académicos del Departamento de Psicología Laboral, se adjudicó un fondo de investigación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
En esta versión, fueron seleccionados 42 proyectos de investigación y de innovación de diversas materias de la salud ocupacional para avanzar en la prevención de riesgos y el bienestar de las personas trabajadoras. En concreto, el presentado por los académicos de la Facultad de Psicología plantea -como adelanta su nombre- guiar la protección de la salud mental según la ley N°21.643 -Ley Karin- la cual modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
La investigadora principal del proyecto es Magdalena Ahumada, quien se incorporó este 2024 como académica del Departamento de Psicología Laboral, y lidera el equipo conformado por el director del Departamento de Psicología Laboral UAH, Fernando Contreras, y los psicólogos de la Universidad Diego Portales Elisa Ansoleaga y Felipe Pérez. En la siguiente entrevista Ahumada profundiza sobre este logro.
¿Cómo surgió la idea de trabajar en la guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público? ¿Cuál es el objetivo?
La evidencia científica plantea que las intervenciones más efectivas son en torno a la prevención y a la promoción, pero las intervenciones que más se hacen son las posteriores al hecho. O sea ya hay alguien enfermo, ya hubo un conflicto. Entonces lo que se intenta es que lo ocurrido no vuelva a pasar, en vez de prevenir. Por ello, el objetivo del proyecto es hacer una guía, porque las intervenciones que se hacen en este momento con respecto a la violencia son muy administrativas y, en general, no hay un foco en cómo modificar o prevenir el origen del problema y por ende sigue pasando, como en un círculo vicioso.
¿Por qué es importante que la Ley Karin tenga una dimensión de protección de la salud mental de las y los trabajadores?
Porque una de las consecuencias que tiene la exposición a violencia laboral es la afectación de la salud mental, incluso con consecuencias fatales como han sido los casos de suicidios que lamentablemente han sucedido. En Chile hay datos que nos muestran que estar expuestos a violencia laboral aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de padecer problemas de salud mental. Sumado a esto, uno de los derechos fundamentales del trabajo, propuesto por la OIT, es el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y si hay violencia difícilmente vamos a estar en un ambiente saludable.
¿Por qué la Guía tiene énfasis en el sector público?
El sector público tiene características especiales que hace que sea más complejo modificar, por ejemplo, la forma en que se organiza el trabajo por aspectos administrativos, como las leyes o las normas por las que se rige. Además el servicio público, se rige por el Estatuto Administrativo y no por el Código del Trabajo. Otras de las razones es porque las características del trabajo son distintas a las del privado. O sea, uno puede ver una empresa, por ejemplo, que tenga el mismo giro que un servicio público y aún así las condiciones son son distintas, porque son menos flexibles y porque además tiene este carácter que es la función pública, que tiñe también la forma en la que el trabajo se organizan.
¿Cuáles son las principales diferencias que has notado entre el sector público y privado en torno a la implementación de Ley Karin?
En general, en ambos sectores hay una resistencia a la Ley Karin, porque implica cambios culturales y los cambios culturales siempre van a venir acompañados por un rechazo. En el sector público sí hay un avance, que si bien yo que es criticable, de igual manera se tiene desde hace mucho tiempo. Me refiero al “Protocolo MALS”, que es el Protocolo Maltrato, Acoso laboral y sexual. Es importante señalar que la prevalencia de estos hechos es alta y genera hartas enfermedades profesionales y harto problema en términos de sumarios, que son problemáticas que ya se estaban viendo en el servicio público, pero que son un poco de nunca acabar porque las intervenciones que se hacen no siempre son las mejores.
¿En qué se diferenciará la Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público de otras que podemos encontrar en páginas estatales como la Guía Práctica para la Prevención y Control de la Violencia y Acoso en los Lugares de Trabajo?
La principal diferencia con otras guías que hay es que esas son muy enfocadas en cómo aplicar la ley, que obviamente es el foco principal en este momento porque, como es una ley que se modificó, las empresas tienen que cumplirla, y por ende hay mucho desconocimiento, mucha inseguridad y no se sabe mucho qué hacer. Hay cosas que se van modificando en la práctica y como decía anteriormente hay mucha resistencia. Una de las diferencias que va a tener la Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público: un aporte a la implementación de la Ley Karin será estar enfocada en la evidencia, o sea que funciona de acuerdo a lo que la experiencia que hay en otros países y en Chile, donde se ha hecho harta investigación al respecto. La guía también contará con una bajada práctica y se espera que haya participación también de trabajadores y de responsables de áreas, por ejemplo, de recursos humanos, para que también hayan orientaciones respecto a qué hacer con los resultados de riesgos psicosociales, que es justamente una de las dificultades más grandes, porque muchas veces no se sabe cómo intervenir o si lo que están haciendo es efectivo.
Magdalena Ahumada por adjudicación de fondo de investigación SUSESO: “En Chile hay datos que nos muestran que estar expuestos a violencia laboral aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de padecer problemas de salud mental”
La Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado inició octubre con una gran noticia: el proyecto “Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público: un aporte a la implementación de la Ley Karin” formulado por Magdalena Ahumada y Fernando Contreras, ambos académicos del Departamento de Psicología Laboral, se adjudicó un fondo de investigación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
En esta versión, fueron seleccionados 42 proyectos de investigación y de innovación de diversas materias de la salud ocupacional para avanzar en la prevención de riesgos y el bienestar de las personas trabajadoras. En concreto, el presentado por los académicos de la Facultad de Psicología plantea -como adelanta su nombre- guiar la protección de la salud mental según la ley N°21.643 -Ley Karin- la cual modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
La investigadora principal del proyecto es Magdalena Ahumada, quien se incorporó este 2024 como académica del Departamento de Psicología Laboral, y lidera el equipo conformado por el director del Departamento de Psicología Laboral UAH, Fernando Contreras, y los psicólogos de la Universidad Diego Portales Elisa Ansoleaga y Felipe Pérez. En la siguiente entrevista Ahumada profundiza sobre este logro.
¿Cómo surgió la idea de trabajar en la guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público? ¿Cuál es el objetivo?
La evidencia científica plantea que las intervenciones más efectivas son en torno a la prevención y a la promoción, pero las intervenciones que más se hacen son las posteriores al hecho. O sea ya hay alguien enfermo, ya hubo un conflicto. Entonces lo que se intenta es que lo ocurrido no vuelva a pasar, en vez de prevenir. Por ello, el objetivo del proyecto es hacer una guía, porque las intervenciones que se hacen en este momento con respecto a la violencia son muy administrativas y, en general, no hay un foco en cómo modificar o prevenir el origen del problema y por ende sigue pasando, como en un círculo vicioso.
¿Por qué es importante que la Ley Karin tenga una dimensión de protección de la salud mental de las y los trabajadores?
Porque una de las consecuencias que tiene la exposición a violencia laboral es la afectación de la salud mental, incluso con consecuencias fatales como han sido los casos de suicidios que lamentablemente han sucedido. En Chile hay datos que nos muestran que estar expuestos a violencia laboral aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de padecer problemas de salud mental. Sumado a esto, uno de los derechos fundamentales del trabajo, propuesto por la OIT, es el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y si hay violencia difícilmente vamos a estar en un ambiente saludable.
¿Por qué la Guía tiene énfasis en el sector público?
El sector público tiene características especiales que hace que sea más complejo modificar, por ejemplo, la forma en que se organiza el trabajo por aspectos administrativos, como las leyes o las normas por las que se rige. Además el servicio público, se rige por el Estatuto Administrativo y no por el Código del Trabajo. Otras de las razones es porque las características del trabajo son distintas a las del privado. O sea, uno puede ver una empresa, por ejemplo, que tenga el mismo giro que un servicio público y aún así las condiciones son son distintas, porque son menos flexibles y porque además tiene este carácter que es la función pública, que tiñe también la forma en la que el trabajo se organizan.
¿Cuáles son las principales diferencias que has notado entre el sector público y privado en torno a la implementación de Ley Karin?
En general, en ambos sectores hay una resistencia a la Ley Karin, porque implica cambios culturales y los cambios culturales siempre van a venir acompañados por un rechazo. En el sector público sí hay un avance, que si bien yo que es criticable, de igual manera se tiene desde hace mucho tiempo. Me refiero al “Protocolo MALS”, que es el Protocolo Maltrato, Acoso laboral y sexual. Es importante señalar que la prevalencia de estos hechos es alta y genera hartas enfermedades profesionales y harto problema en términos de sumarios, que son problemáticas que ya se estaban viendo en el servicio público, pero que son un poco de nunca acabar porque las intervenciones que se hacen no siempre son las mejores.
¿En qué se diferenciará la Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público de otras que podemos encontrar en páginas estatales como la Guía Práctica para la Prevención y Control de la Violencia y Acoso en los Lugares de Trabajo?
La principal diferencia con otras guías que hay es que esas son muy enfocadas en cómo aplicar la ley, que obviamente es el foco principal en este momento porque, como es una ley que se modificó, las empresas tienen que cumplirla, y por ende hay mucho desconocimiento, mucha inseguridad y no se sabe mucho qué hacer. Hay cosas que se van modificando en la práctica y como decía anteriormente hay mucha resistencia. Una de las diferencias que va a tener la Guía técnica para la promoción del buen trato y protección de la salud mental en el sector público: un aporte a la implementación de la Ley Karin será estar enfocada en la evidencia, o sea que funciona de acuerdo a lo que la experiencia que hay en otros países y en Chile, donde se ha hecho harta investigación al respecto. La guía también contará con una bajada práctica y se espera que haya participación también de trabajadores y de responsables de áreas, por ejemplo, de recursos humanos, para que también hayan orientaciones respecto a qué hacer con los resultados de riesgos psicosociales, que es justamente una de las dificultades más grandes, porque muchas veces no se sabe cómo intervenir o si lo que están haciendo es efectivo.