Conflicto mapuche e infancia: los niños olvidados
Por Evelyn Hevia* e Irene Salvo**
* Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Diploma en Metodologías Cualitativas en Investigación Psicosocial, Universidad de Chille. Académica Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado.
** Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad de Chile. Master en Asesoramiento y Orientación Familiar, Universidad de Santiago de Compostela, España. Académica Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado.
Una pequeña mapuche observa desde la ventana de la sede del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Santiago de Chile cómo algunas organizaciones, artistas, medios independientes y ciudadanos solidarizan con la ocupación de estas dependencias y con las demandas de los adultos de su comunidad que –a través de esta medida de presión– buscan sensibilizar y denunciar la violencia de Estado ejercida hacia ellos y, en particular hacia los más pequeños. En efecto, la militarización de las zonas en que se desarrolla el llamado “conflicto mapuche”, ha implicado que -de forma sostenida- niños, niñas y adolescentes sean víctimas de variadas formas de intimidación y violencia durante los últimos años. Este dispositivo represivo se sostiene también, sobre condiciones estructurales de exclusión y vulnerabilidad que atraviesan la trayectoria vital de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a un pueblo históricamente discriminado.
Las imágenes de niños heridos de bala y las denuncias realizadas principalmente por mujeres y madres de las comunidades violentadas, rompen el cerco del silencio y aumentan la visibilidad del tema, situando en el debate público la pregunta por la responsabilidad en torno a la exposición de menores de edad a esta situación, cuestión que también interpela el rol que le cabe a nuestra disciplina. Lamentablemente, a la gravedad de las circunstancias, se suma la insuficiente respuesta institucional y profesional y la ausencia de políticas públicas preventivas y protectoras orientadas a interrumpir esta situación y a evitar un daño aún mayor. Resulta curioso pensar que siendo un tema de tanta relevancia, este conflicto quede tan alejado de los intereses de muchos profesionales de la salud mental de Chile y aún no sea lo suficiente destacado su urgencia por parte de diversas asociaciones de nuestro gremio. Pareciera percibirse como una situación periférica que se desarrolla en algún lugar perdido del territorio nacional afectando a “otros” que consideramos cultural y territorialmente diferentes y extraños. Además, se aprecia una escasez de estudios sistemáticos respecto del tema, o bien, hay una baja difusión de los informes realizados por profesionales que se desempeñan en la zona de conflicto. Ambos indicadores reflejan la ausencia de implicancia institucional y profesional respecto del tema.
Frente a este escenario, resulta urgente un abordaje integral por parte de las instituciones públicas y de la sociedad civil encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes con el objeto de resguardar el “interés superior del niño” más allá del discurso políticamente correcto. La consideración del enfoque de derechos resulta clave ya que el pueblo mapuche ha sido sistemáticamente excluido de la sociedad chilena, e históricamente ha sido tratado como “objetos” en lugar de sujetos de derecho (a través de una serie acciones de exclusión social y de deslegitimación de sus luchas reivindicativas). Esto cobra aún mayor importancia por tratarse de menores de edad.
En julio recién pasado, la UNICEF exigió al Gobierno que incluyera medidas tendientes a proteger a los niños que viven en la zona de conflicto, solicitando la aplicación de un protocolo de actuación policial en los procedimientos en que estén presentes menores de edad y mujeres. Por su parte, el pasado 21 de agosto, el Colegio Médico de Chile emitió una declaración pública en torno al conflicto, enfatizando el efecto traumático que este tipo de situaciones genera y la amenaza para “su desarrollo (el de niños y niñas) en términos de salud física, mental y social, limitando la expresión de sus potencialidades y su integración a la sociedad”1.
Junto con lo anterior, los profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad ética y política de asumir posiciones, ayudando a visibilizar públicamente la gravedad de las consecuencias psicosociales a corto, mediano y largo plazo que conlleva la exposición crónica a situaciones de violencia, discriminación y estigmatización para los niños, sus familias y comunidades, y para la sociedad en su conjunto, así como también respecto de cuáles pueden ser las formas de intervención más efectivas para colaborar en el restablecimiento de las condiciones de vida más adecuadas para el bienestar de los afectado/as. La psicología no puede pensar sus prácticas sin integrar la dimensión política que las atraviesa y en este caso, debe incluir una perspectiva intercultural de comprensión y abordaje de las problemáticas de salud mental de los afectados, de manera de poder desarrollar intervenciones contextualizadas, respetuosas y pertinentes.
Frente a un problema de alta complejidad, no es posible contar con recetas de fácil solución y se torna necesario instalar algunas interrogantes que permitan desnaturalizar la situación de violencia a la que se ven expuestos los diferentes actores y particularmente, niños, niñas y adolescentes. Existe abundante literatura especializada respecto de las graves secuelas psíquicas que genera para un sujeto la exposición crónica a situaciones altamente estresantes y traumatogénicas. Dentro de la constelación sintomatológica habitualmente descrita, se considera la aparición de sentimientos de indefensión y temor, desconfianza, agresividad, ansiedad, alteraciones del sueño, etc. No obstante, muchas veces las manifestaciones psicopatológicas constituyen una capa externa del impacto subjetivante que tienen las experiencias de violencia.
Por lo demás, la descripción y categorización de síntomas desde un paradigma biomédico se sustenta en visiones individualistas que carecen de un análisis de la singularidad y del contexto cultural, histórico, socio-político y relacional en el que dichas experiencias se despliegan, acotando el tratamiento a la supresión de los síntomas. Cabe preguntarse entonces, por las huellas que pueden quedar en estos niños, niñas y adolescentes en la forma de mirarse y mirar su entorno y sus relaciones luego de vivir en una situación en la que la violencia es una constante.
La psicología social latinoamericana y, en particular, la noción de “trauma psicosocial” acuñada por Ignacio Martín-Baró2, nos ofrecen un marco de comprensión para la compleja trama de variables que configuran el problema de la violencia política, implicando a la psicología en la tarea de analizar y develar las relaciones que hacen posible su rutinización y naturalización. Asimismo, esta noción resulta productiva para analizar los efectos en los procesos de construcción de identidad de niños y niñas expuestos a situaciones extremas de violencia, donde según el autor se pueden distinguir dos polos: una identidad opresora y otra, oprimida. La primera tiene que ver con que el niño asume de manera agresiva la identidad estigmatizada y socialmente excluida; la segunda, se somete a la identidad socialmente impuesta. Así, la socialización que ocurre en contextos de violencia, pone al niño en el dilema de asumir como propia la violencia.
Una pequeña mapuche observa desde la ventana: ¿qué mira, qué siente, qué comprende?
1. Colegio Médico de Chile, disponible en www.colegiomedico.cl, consultado el 31 de agosto de 2012.
2. Martín-Baró, I. (1992). El trauma psicosocial. En I. Martín-Baró Psicología social de la guerra: Trauma y terapia (págs. 77-84). San Salvador, El Salvador: TalleresGráficos Universidad Centroamericana.