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Hacia la construcción de una escuela inclusiva en Chile.


Por Bernardita Justiniano, Profesional Facultad de Educación UDP, Profesora colaboradora Área Psicología Educacional, UAH.

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Después de treinta y cinco años regido por un modelo de libre competencia como mecanismo para mejorar la calidad de la educación chilena, el nuevo marco legal instala la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, la sustentabilidad y el pleno desarrollo de la personalidad humana como ejes articuladores de la reforma estructural al sistema, definiendo estos principios normativos para la diversidad de proyectos educativos existentes. Esta definición quedó plasmada en la nueva Ley de Inclusión, promulgada recientemente.

El nuevo marco legal – que elimina el lucro, el copago y la selección – hoy día plantea un nuevo desafío. Durante las últimas décadas se ha favorecido la diversidad de proyectos educativos institucionales sobre la base del principio de libertad de enseñanza. Actualmente, la ley de inclusión apunta no solo dar cabida a diversos proyectos, sino también a considerar la diversidad dentro de la institución escolar. En otras palabras, sin dejar de lado la libertad de enseñanza, esta ley demanda hacerse cargo de la expresión de la diversidad al interior de los proyectos educativos institucionales, acogiendo como parte de dichos proyectos la diversidad que se expresa en la sociedad.

En consistencia con lo anterior, la declaración de principios en la ley de Inclusión exige eliminar los procesos de selección, lo cual conlleva que el perfil de egreso adquiera mayor fuerza y el perfil de ingreso se desdibuje, poniendo el foco en los dispositivos que ofrece la escuela para la concreción de su labor educativa.

Avanzar hacia una escuela consistente con la política educativa en Chile implica, en primer lugar, analizar los alcances y desafíos de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Esto es clave desde una mirada socio constructivista de la educación, que reconoce el aprendizaje escolar en la interacción dialógica entre sujetos que se construyen mutuamente, a través de su experiencia subjetiva en la actividad conjunta. En este sentido, este es un tema que no se agota en voluntades individuales, en tanto apunta directamente a la mejora del aprendizaje, considerando que los dispositivos culturales que ofrece la escuela pueden potenciar o, al contrario, marginar y limitar el desarrollo de la nueva generación a través de su forma de dialogar con ella y de reconocer su lugar en la experiencia de aprendizaje.

En segundo lugar, en este nuevo contexto la sustentabilidad y la responsabilidad cívica emergen como aspectos claves de la labor de la escuela, más allá de la instrucción en torno a un conjunto de valores o actitudes a inculcar. Se vuelve imperativo reconocer que la responsabilidad cívica se promueve a través de las interacciones cotidianas, de la participación activa y el ejercicio de derechos y deberes de quienes forman parte de la institución escolar, visibilizando el componente ético, social y político de sus decisiones.

El desafío está aquí en el avance desde un foco en los contenidos de la formación ciudadana a la transformación y reflexión sobre las prácticas, reconociendo a la escuela como parte de un sistema social más amplio e interpelando una estructura institucional que actualmente está montada sobre la competencia y la efectividad. En definitiva, la inclusión, la diversidad y la responsabilidad cívica representan de manera concreta y urgente el desafío pendiente de construir una nueva mirada sobre la escuela en Chile, reconociendo que la educación en su carácter ético y político no se juega sólo en proyectos diferenciados unos de otros, que hasta ahora se han segmentado en guetos progresivamente más homogéneos y distanciados entre sí. La idea aquí no es politizar la escuela ni restar esfuerzos en más y mejores aprendizajes. Por el contrario, el valor del sujeto y su rol como ciudadano instalan una discusión más profunda sobre la experiencia de aprendizaje y los resultados que esperamos de ella.

En definitiva, la Ley de Inclusión nos abre la oportunidad de remirar los dispositivos que ofrece el sistema educativo más allá de su declaración explícita, para avanzar en la transformación del currículum implícito, es decir, de las prácticas instaladas y del sistema de reglas y rutinas que configuran la experiencia subjetiva de quienes participan en ella.

Aquí la psicología educacional tiene un enorme potencial para aportar al desarrollo de puentes entre los grandes lineamientos políticos y la transformación de la escuela, posicionando progresivamente el rol de la educación en la construcción de una sociedad más justa, diversa, participativa y consciente de su responsabilidad en el desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones. Esto, considerando el rol crucial de la experiencia de aprendizaje, donde no sólo se juega el desarrollo de conocimiento o habilidades, sino del sujeto mismo, a través de la interacción y participación activa en una comunidad.