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En busca de lo social


El movimiento estudiantil aparece como una demanda por un discurso acerca de lo social. Los estudiantes secundarios y terciarios se lo demandan al Estado y al mundo adulto.

Por Antonia Larraín Sutil, Psicóloga y Doctora en Psicología, PUC. Profesora y Jefa del área de Psicología Educacional, Facultad de Psicología, UAH.

La falta de discurso acerca de lo social ha sido la norma en nuestro país desde hace ya casi cuatro décadas. Para aquellos que nacimos en dictadura, esta ausencia de visión de la sociedad, la falta de pensamiento acerca de cómo organizarnos socialmente, fue el pan de cada día. Más allá de la intimidad de nuestras clandestinas sobremesas, no encontramos, a medida que crecimos, un discurso referente a pensar cómo y por qué queremos organizarnos como colectividad.

Probablemente la única visión de futuro disponible estuvo basada en la idea del “jaguar de Latinoamérica”, y la necesidad de crecer económicamente. Los individuos y la lucha de cada quien por subsistir fue la fuerza comandante de la teorización acerca de lo colectivo en el discurso público, y no al revés. Y esto fue así hasta ahora. El gobierno de quienes alguna vez lucharon por hacer realidad ciertas ideas de organización social solo legitimó esta ausencia de pensamiento sobre lo social, naturalizando la primacía del individuo y asumiendo el orden existente como necesario. La teorización de lo colectivo como condición de posibilidad de entender la experiencia humana simplemente desapareció del discurso público.

En este contexto, la discusión en educación, aunque clave, representa una parte de la cuestión. El sistema educacional chileno en todos sus niveles encarna cierta visión de lo social y produce, en consecuencia, una realidad. Sin embargo, nuestro sistema educacional habla de una visión que no fue discutida ni elegida: una que se escuda en el fracaso de visiones alternativas, se viste con el poder de lo necesario y cuyo marco solo permite pensar al individuo. En consecuencia, la demanda del movimiento estudiantil es respondida por el mundo adulto con adhesión o rechazo, con propuestas de cambio o intentos de negociación, pero no encuentra una visión de lo social en la interlocución. Y menos una invitación para pensarlo.

¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué rol tiene la educación en ella? ¿Qué rol le cabe al Estado en la educación y, en particular, en la superior? Lo que falta es un debate acerca del valor de un sistema educativo para nuestra organización social. Estamos acostumbrados a discutir acerca de educación dando por hecho el porqué es relevante hacerlo. Las ideas generales de la educación como prioridad para los gobiernos y como derecho de la ciudadanía reemplazan al verdadero y necesario debate acerca del rol de la educación en nuestros planes a futuro como sociedad.

Habiendo crecido en dictadura, sin mayor participación en un debate acerca de cómo y por qué queremos organizarnos socialmente, me permito hacer sinceramente una pregunta políticamente muy incorrecta: ¿Por qué el Estado tiene que garantizar una educación de calidad para todos?

Una primera respuesta aparece casi de manera automática: porque es un derecho. Nueva pregunta políticamente incorrecta: ¿qué significa, entonces, que la educación es un derecho? ¿Es el fin de la discusión en torno a su importancia? Esta pregunta es relevante toda vez que los derechos no son una cuestión de naturaleza,  sino de voluntad de poder. Digamos que los derechos fundamentales fueron instalados tras la Revolución Francesa e Independencia de Estados Unidos, de manera de abolir todo privilegio de cuna y abuso arbitrario de poder. Son derechos fundados en una visión del individuo como motor de la sociedad cuyo centro es el derecho del individuo a la libertad, y ella es definida como el poder de hacer todo aquello que el individuo quiera y que no perjudique a otro individuo.

En todo caso, la posibilidad de que así sea debe ser garantizada por el Estado. Aunque el derecho a la educación no fue acuñado como fundamental sino hasta mucho después, la importancia de la educación para el Iluminismo y la ligazón entre educación y libertad, merecen cierta detención. Donde la razón aparece como medio para el ejercicio de la libertad, la educación emerge como su condición de posibilidad. Sin embargo, mientras la educación sea solo para algunos, la libertad igualmente será solo para una elite ilustrada.

Esto se vuelve un problema cuando, en el siglo XIX, la igualdad emerge como parte de los derechos fundamentales, a la vez que libertad, y no solo ante la ley sino en términos de condiciones sociales y calidad de vida.  No basta entonces con declarar que todos los seres humanos nacen libres y son iguales. Para el ejercicio real de estos derechos fundamentales hay que proveer a todos los individuos de las mismas condiciones. Una de ellas es la educación. ¿Es por esto que la educación es un derecho? ¿Se transforma en derecho para garantizar derechos aún más fundamentales, como la igualdad social y libertad?

Si este fuera el caso estamos en un problema. La primacía del individuo como sujeto desde el que se piensa lo colectivo, pone en una situación imposible al Estado. Por una parte, al ser la educación un derecho que sirve como medio para alcanzar derechos más fundamentales (libertad e igualdad), el Estado solo puede inclinarse a garantizarlo. Sin embargo, las mismas premisas en las que se funda la relación entre educación y libertad son discutibles. Ya lo decían teóricos sociales fundamentales del siglo XX: la educación lleva en su ADN su relación funcional con la elite. En este sentido, difícilmente puede ser fuente de igualdad social.

Durante el siglo XIX y albores del siglo XX, cuando surgen los sistemas educativos para forjar y afianzar la idea del Estado-nación, la necesidad de atender a grandes cantidades de estudiantes con recursos limitados motiva la organización de muchos sistemas educativos en torno a grupos etarios. Los educandos se agrupan según su edad y,  al hacerlo, aparecen una serie de desigualdades que el sistema no está preparado para revertir.

En teoría se trata de sistemas que se basan en la igualdad del grupo (una igualdad etárea), pero ella desnuda desigualdades más relevantes desde un punto de vista educativo: la desigual familiaridad con el discurso escolar. Si, además, se usa otro tipo de criterio de agrupación, por ejemplo, condiciones económicas, la situación es crítica: la educación, más que un remedio para la desigualdad social, se transforma en productora de ella. ¿Avanza el Estado en la garantía de derechos como la igualdad o libertad, al garantizar el derecho a la educación? ¿Se soluciona este problema ampliando el derecho a una educación de calidad?Las probables razones por las cuales la educación se convierte en un derecho se contradicen con su propia naturaleza histórica, y ponen en jaque el sentido que tiene el rol del Estado como garante de este derecho.

Otra alternativa. Al revisar el discurso público, nos topamos con una segunda respuesta a la pregunta por el rol del Estado como garante y proveedor de educación: la relación entre sociedad del conocimiento y desarrollo de capital humano avanzado. El Estado debe garantizar el desarrollo de lo humano como capital de manera de que los individuos sean más ricos y, con ellos, se enriquezca el Estado.

Para esto el Estado debe “invertir” en educación, con diferentes tasas de rentabilidad según el nivel educacional. El nivel más “rentable” para él es el preescolar, pero el que más retorno deja para los individuos es el nivel terciario. Es justamente en él donde se produce la tensión a la que se enfrenta el Estado como garante de educación: si el “conocimiento” es un capital cuya rentabilidad para el Estado varía, pero siempre tiene rentabilidad directa para los individuos, ¿por qué el Estado debiera garantizar una educación haciéndose cargo de sus costos? ¿No estaría el Estado subsidiando el enriquecimiento de los individuos? ¿Es eso correcto? Probablemente las premisas fundamentales del neoliberalismo niegan esta posibilidad, pero entonces ¿cómo se enriquece el Estado, si no es a través de las rentas del individuo?

Estamos, entonces, en un nuevo problema. El interés del Estado en la educación basado en el valor económico de ella tampoco permite al Estado resolver su rol.

Tanto la idea de la educación como derecho como su valor económico son ideas marco que no permiten resolver de manera concluyente el rol del Estado en la educación. La idea de la educación debe ser garantizada por lo relevante que es para el desarrollo integral de las personas no parece ser suficientemente fuerte en el discurso público. En todo caso, este argumento se formula desde premisas que también se pueden discutir, pues suponen una relación casi casi natural entre educación y desarrollo moral y ciudadano.

Probablemente incluso esta respuesta es insuficiente, porque aunque se trata de ideas profundamente asentadas, se trata de una noción de lo social que piensa lo colectivo desde los individuos, ya sea como sujeto de derechos, como organismos económicos o como animales morales.

Lo que realmente se extraña es una conversación acerca de por qué la educación es importante para nosotros. ¿Para dónde queremos ir y qué se pone en juego en la educación? Este parece ser el real debate al que nos invita el movimiento estudiantil. Sería importante enfrentarlo con laboriosidad y democracia.

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