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Cambio de trato en el sector público


Por Fernando Contreras, Psicólogo Laboral, Académico Facultad de Psicología UAH

En las últimas semanas se han concretado dos previsibles consecuencias del cambio de gobierno en los ministerios y servicios públicos. La primera es una difícil negociación colectiva entre el Gobierno y la ANEF y la segunda son las decisiones de despido. ¿Qué nos dicen estos cambios respecto a la gestión del Estado?

Por momentos, la opinión pública parece ver con disgusto el proceso de negociación colectiva de los empleados públicos: considera indebido o excesivo su petitorio. Este primer problema debe analizarse desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista legal, el Estatuto Administrativo en su artículo 84 es explícito en prohibir la sindicalización y la huelga entre los funcionarios públicos, lo que equivale a un impedimento directo para negociar colectivamente. No obstante, hay un segundo antecedente normativo que permite entender la continuidad que ha tenido esta práctica: el Estado de Chile firmó en 2000 el convenio 151 de la OIT, que reconoce a los empleados fiscales el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, lo que incluye, por cierto, el derecho a huelga. Al suscribir, el Estado chileno incorporó formalmente los principios de libertad sindical: organización, autonomía y autotutela.

Pero hay todavía un tercer elemento: la historia de las relaciones laborales entre la ANEF y las autoridades gubernamentales muestra una trayectoria de informalidad. Los acuerdos entre las partes han nacido de huelgas ilegales sin que el Convenio 151 haya logrado poner mayor control sobre el modo en que el derecho a negociación se ejerce en el sector público. La negociación desregulada perjudica la continuidad de los servicios que el Estado ofrece a los ciudadanos y hace depender el ejercicio de los derechos laborales a la voluntad política del gobierno.

Por tanto, la notoria dificultad de la negociación no es sólo acercar la oferta de 4.2% a la demanda mínima de un 5%: se trata de dos actores que se observan con desconfianza y que se beneficiarían mutuamente si hubiera un marco legal que aportara orden a la presentación de demandas y procedimientos de negociación.

Pero simultáneamente a la negociación de condiciones de trabajo, por momentos de forma confusa, están ocurriendo despidos de personal a contrata y honorarios en muchos servicios públicos y ministerios. Legalmente el gobierno tiene las atribuciones para terminar estas relaciones contractuales, cuestión que resulta todavía más previsible cuando hay un cambio de coalición gobernante. En efecto: en la fundamentación de los despidos entregada por el gobierno se ha insistido en el cierre de programas, malas evaluaciones de desempeño y renovación de cargos a contrata que se presume serían ocupados por personas de filiación política adversa. ¿Cuál es entonces el problema?

La profesionalización de muchas organizaciones del sector público se ha hecho con modalidades de honorarios y contrata, de modo que la salida de estas personas supone una fuga de competencias y know how de muy difícil compensación para el sector público.

Pero además se trata de una pérdida cuantitativa. Chile es un país con un Estado relativamente pequeño: el promedio de empleados fiscales en la población activa en los países de la OCDE ronda el 14%,[i] mientras en Chile la proporción alcanza a un 12.5%, lo que se puede comparar con Holanda. ¿Es necesario reducir esta proporción? En función de las múltiples tareas del Estado que se evidencian en salud, educación, seguridad en el trabajo, sistemas carcelarios, de infraestructura y otros, reducir la dotación aparece como una decisión contradictoria.

Pero supongamos que no hubiera tal contradicción. Que las autoridades políticas tienen la legitimidad para tomar estas decisiones administrativas. ¿Qué es lo que sigue mostrándose como preocupante de estos despidos? Muchos de los altos directivos que han decidido prescindir de unas tres mil personas en las últimas semanas, son interinos. Por lo mismo, es perfectamente posible que cuando el Sistema de Alta Dirección Pública nombre a los/las ocupantes definitivos de los cargos se encuentren con la herencia de una dotación disminuida que reduzca la capacidad de los servicios para lograr sus metas.

Vistos en conjunto, la desconfianza entre el Gobierno y la ANEF, así como la reducción del número de profesionales y funcionarios, representa una señal negativa para la gestión de personas en el Estado.

 


[i] Panorama des administrations publiques 2009 – OECD © 2009 – ISBN 9789264061668

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